Axel Kicillof encabezó la comitiva provincial durante el encuentro en el Palacio de Tribunales. El distrito le reclama más de $2,3 billones para sus sistema previsional. El Gobierno deberá presentar una propuesta de pago el 10 de junio.
La provincia de Buenos Aires y Nación animaron este martes un nuevo round ante la Corte Suprema de Justicia por la deuda que el . La audiencia se desarrolló en el palacio de Tribunales y contó con la presencia del gobernador Axel Kicillof y del secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Sin acuerdo, se volverán a reunir el próximo 10 de junio.
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Se trato de la segunda jornada de este tipo que las partes animan con la mediación del máximo Tribunal. La cita tuvo lugar a partir de las 11 de la mañana, con la llegada de los representantes de ambas jurisdicciones.
Por un lado, el propio Kicillof encabezó la comitiva provincial, una muestra de la importancia que le asignan en el distrito a la pulseada. Lo acompañaron su ministro de Economía, Pablo López, el fiscal de Estado, Santiago Pérez Teruel; y la titular del IPS, Marina Moretti.
Por el otro, Guberman, hombre fuerte del Ministerio de Economía, se puso al frente de la crew del Gobierno nacional, escoltado por el secretario Legal y Administrativo, José Ignacio García Hamilton.
La reunión se extendió por poco más de un hora y no tuvo definición final, ya que la Justicia convocó a una nueva reunión para el próximo 10 de junio, comprometiendo al Gobierno a presentar una propuesta para comenzar a saldar la acreencia. Desde La Plata reclaman más de $2,2 billones.
«Venimos pidiendo esto hace tiempo. Hoy tuvimos la segunda audiencia y hubo un compromiso para otra audiencia más el 10 de junio, donde tiene que haber una propuesta concreta de cuáles van a ser los montos a transferir», comentó a la salida del mandatario bonaerense, en una rueda de prensa de la que participó Ámbito.
Si bien su administración mantiene un enfrentamiento frontal con la gestión de Javier Milei, la Casa Rosada viene fomentando acuerdos con cajas jubilatorias de otras provincias. Corrientes y Santa Fe fueron las últimas dos en rubricar entendimientos de ese tipo, y se garantizaron $160 mil millones para sus sistemas previsionales.
Antes habían hecho lo propio Chaco, Chubut, Neuquén, Entre Ríos, Misiones y La Pampa. Se trata de distritos comandados por caciques dialoguistas, que incluyen los reclamos por fondos en las negociaciones legislativas con el Gobierno. La única excepción es la pampeana, donde el peronista Sergio Ziliotto se metió en el pelotón. En total, las jurisdicciones que no transfirieron sus cajas jubilatorias al Estado nacional son 13.
Al respecto, Kicillof comentó: «Llegamos al compromiso de Nación de traer una propuesta concreta de un monto para transferir ese 10 de junio». Asimismo, aclaró que la audiencia se supeditó únicamente a ese reclamo puntual: «Veremos si otras deudas que reclamamos tienen sus correspondientes audiencias. Nosotros pedimos $2,3 billones de los $15 billones que reclamamos. Del resto no competía hablar hoy, porque vinieron los especialistas».
Axel Kicillof, en el Palacio de Tribunales, tras la audiencia por la caja jubilatoria bonaerense.
El ministro de hacienda bonaerense, Pablo López, en tanto, consideró «importante el espacio institucional que dispuso la Corte Suprema». Comentó, también, que esperan llegar al 10 de junio «con una propuesta de solución por parte del Gobierno nacional».
El encuentro se dio en por fondos. En la antesala, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés «Cuervo» Larroque, presentó un reclamo formal al Ministerio de Capital Humano «instando a saldar la deuda acumulada que mantiene el Estado nacional con la Provincia desde el 2024 por el Servicio Alimentario Escolar que asciende a más de $220.000 millones».
«Asimismo, solicitamos financiamiento para el Programa MESA que actualmente sostenemos íntegramente con recursos provinciales», afirmó, al tiempo que explicó que el Gobierno nacional realiza un aporte que ronda el 20% del aporte necesario para los comedores
Desde la cartera que comanda Pettovello contestaron que «no tiene responsabilidad alguna en el desfinanciamiento que la Provincia de Buenos Aires ha decidido sobre sus propios programas provinciales». «El SAE es un programa de gestión y responsabilidad provincial», indicaron. Por otra parte, detallaron que el aporte nacional cubre apenas el 20% del costo total de los comedores escolares bonaerenses, mientras que el 80% restante corresponde a la administración de Kicillof.
Este martes, posteriormente al intercambio, la gestión bonaerense anunció un aumento del 30% en el SAE y un incremento del 25% en los principales programas sociales, junto con la duplicación de la asistencia alimentaria a municipios.
El 7 de abril pasado, Corrientes y Santa Fe se sumaron al pelotón de provincias que por sus cajas previsionales. Por un lado, el gobernador Juan Pablo Valdés se granjeó $40 mil millones en 10 cuotas de $10 mil millones, mientras que su par santafesino, Maximiliano Pullaro, acordó $10 mil millones durante 12 meses.
«Los $10 mil millones que se recibirán duplican la oferta que la Nación realizó el año pasado en una audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema y también equivalen al triple del monto actualizado que se recibía mensualmente durante el gobierno del presidente Alberto Fernández», indicaron en la ocasión desde la Casa Gris.
Hoy fue un triunfo de todos los santafesinos. Firmamos un acuerdo para que se reconozca y se empiece a saldar lo que le corresponde a los santafesinos. Se comienza a pagar en cuotas, los fondos que Nación debe aportar por ley a la Provincia por la Caja de Jubilaciones.…
Valdés, en tanto, indicó que el acuerdo alcanzado por Corrientes consiste en «una compensación de caja, que tanto se necesita para que el IPS no tenga un déficit tan grande como el que tiene. Son $40.000 millones de pesos que van a ingresar a la provincia en 10 cuotas. No es dinero de libre disponibilidad: es de la caja de jubilaciones».
Previamente había hecho lo propio el chubutense Ignacio Torres, quien firmó un entendimiento para que ANSES salde los $48 mil millones que mantiene como acreencia con la jurisdicción patagónica.
Fuente original: Ambito Financiero
