«La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos», explicó la central obrera.
El triunvirato de la CGT apunta a la crisis del servicio médico para los trabajadores asalariados.
En medio de la en la que tensionan el Gobierno y la , la central obrera emitió un informe al respecto de funcionamiento del sistema de obras sociales, que se encuentra en la mira tras la fragmentación de IOSFA (correspondiente a las Fuerzas Armadas) y el
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En su comunicado, la CGT entendió que existe «una crisis grave», a la que calificó como «casi terminal, por imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos». «La mayor parte de nuestras organizaciones necesitan el auxilio de sus respectivos sindicatos, sin el cual muchas entrarían en cesación de pagos», explicaron.
Luego de enumerar que existen obras sociales dadas de baja (industria del fósforo), algunas «en crisis» (construcción y pesca) y otras intervenidas (trabajadores rurales y ladrilleros), detalló que el 67% de los beneficiarios de las obra sociales nacionales (más de 9 millones de trabajadores) se encuentra por debajo del promedio de aportes, establecido en $67.525. Más allá de eso, estiman que el valor del plan médico obligatorio ronda los $85.000 por afiliado, lo que explica que las obras sociales de los gremios «no recaudan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones».
Este estado de situación repercute en que «se resiente la cadena de pagos a prestadores, que se refleja en una caída de la calidad en la atención médica, prolongación de los tiempos de espera para acceder a prestaciones y malestar en nuestros afiliados».
Asimismo, se refirieron al «agujero financiero que nos sigue produciendo la incorporación de monotributistas, cuyo aporte al sistema es un 290% inferior al costo del plan médico obligatorio». A esa población se le suma la de jubilados, por la que la gestión sindical recibe del PAMI $48.629, cuando la recaudación orbita los $159.000. «Por esa diferencia no contrapresta ningún servicio», remataron.
La denunció este jueves que el Gobierno “pone un techo a las paritarias” y anunció una marcha a Plaza de Mayo para el 30 de abril en reclamo por la situación del país.
«Lo que hace el Gobierno es poner un techo (a las paritarias) y no acepta la homologación de lo que allí se discuta que no sea en ese techo que, por supuesto, está por debajo de la inflación», denunció Jorge Sola (Seguros), uno de los secretarios generales de la CGT, en una conferencia de prensa dada en la sede de Azopardo 802 donde estuvo acompañado de su par Octavio Argüello (Camioneros) y el secretario de Prensa Horacio Arreceygor (SATSAID). Llamó la atención la ausencia del tercer integrante del triunvirato, Cristian Jerónimo (Vidrios). En su entorno justificaron que debió partir a otra reunión.
«Una de las anclas que está llevando adelante para mantener su política económica es el control de uno de los valores y los precios que es el control de los salarios», agregó Sola y reafirmó «la defensa irrestricta de la posibilidad de cada gremio pueda tener una discusión libre en sus paritarias salariales».
Fuente original: Ambito Financiero
