La Cámara de Diputados de avanzó con una medida que ya genera debate político y social. Se trata de la modificación del Código Contravencional que establece sanciones económicas para padres de chicos que ejerzan bullying, además de la obligación de afrontar tratamientos psicológicos.
La iniciativa apunta a responsabilizar a madres, padres o tutores cuando no intervengan ante situaciones de acoso escolar protagonizadas por sus hijos. La medida también contempla trabajos comunitarios e incluso hasta 30 días de arresto en los casos más graves.
Uno de los puntos más fuertes de la medida es que los padres deberán pagar tratamientos psicológicos obligatorios cuando se detecten casos de bullying.
Consultando los valores actuales de sesiones psicológicas en Argentina durante 2026, nos topamos con los siguientes montos aproximados:
Esto significa que, si se indica un tratamiento semanal, los costos podrían ser:
A esto podrían sumarse multas económicas adicionales, dependiendo de la gravedad del caso y la decisión judicial.
Desde el ámbito legislativo, apunta a intervenir antes de que los casos de bullying escalen. El enfoque pone el foco en la responsabilidad familiar, especialmente cuando las instituciones educativas detectan situaciones de acoso y no existe acompañamiento o intervención por parte de madres, padres o tutores.
El proyecto presentado por el diputado Dr. Juan José Esteban se enmarca en una política más amplia de salud mental. La propuesta busca garantizar el derecho a la protección de la salud mental y al bienestar psicosocial, promoviendo un modelo de atención integral, interdisciplinario y centrado en los derechos humanos. La medida se alinea con la y el Plan Nacional de Salud Mental 2023-2027, que priorizan la prevención y el abordaje temprano de los conflictos en ámbitos educativos.
Especialistas advierten que el bullying no solo afecta el rendimiento escolar, sino que también tiene consecuencias profundas en la salud mental de los estudiantes. Informes internacionales señalan que el acoso escolar puede generar ansiedad, depresión, aislamiento social, abandono escolar y, en los casos más graves, autolesiones.
Aunque Salta no se ubica entre las provincias con mayor cantidad de casos a nivel nacional, el fenómeno muestra señales de crecimiento, particularmente con el avance del ciberbullying y los episodios de violencia entre estudiantes dentro y fuera de las instituciones educativas.
En ese contexto, la decisión de Diputados marca un giro en la política educativa y social de la provincia: por primera vez, los padres podrían enfrentar sanciones económicas y la obligación de afrontar tratamientos psicológicos cuando sus hijos sean protagonistas de situaciones de acoso escolar. Una medida que busca prevenir, pero también instalar un mensaje claro sobre la responsabilidad familiar frente a un problema que crece en todo el país.
Fuente original: Que Pasa Salta
