En conferencia de prensa, la vocera del Gobierno provincial, Paula Benavides, informó que el gobernador firmó un decreto orientado a reforzar la «austeridad y control» del Estado salteño, en un contexto marcado por la caída de la coparticipación nacional y la merma en el consumo.
Según explicó la funcionaria, la medida tendrá vigencia por 180 días y apunta a ordenar las cuentas públicas para evitar que el ajuste recaiga sobre la gente. En ese marco, se dispuso el congelamiento de las remuneraciones de funcionarios de alto rango, entre ellos el Gobernador, el Jefe de Gabinete, secretarios, subsecretarios, síndico general, personal de apoyo, además de gerentes, directores y presidentes de empresas estatales.
El decreto también establece la suspensión de vacantes y contrataciones en la Provincia, prohíbe las comisiones de servicio fuera del país y limita los gastos de cortesía y protocolo. Además, se avanzará en la revisión y renegociación de contratos estatales en moneda extranjera, mientras que todos los organismos que administren recursos deberán rendir cuentas mensualmente al Ministerio de Economía. A eso se suma un control más exhaustivo sobre el uso de vehículos oficiales.
Benavides sostuvo que la decisión responde a un escenario financiero complejo. «El ejemplo debe comenzar por casa. Ordenamos las cuentas para que el ajuste no lo pague la gente», afirmó. También advirtió que la Provincia busca amortiguar el impacto de la volatilidad nacional sobre las finanzas salteñas.
En ese marco, la vocera volvió a marcar diferencias con la política económica nacional y aseguró que la gestión provincial sigue absorbiendo consecuencias de recortes y retrasos. De hecho, en los últimos días Salta quedó incluida entre las 12 provincias alcanzadas por el decreto nacional 219/2026, que habilitó anticipos financieros a cuenta de coparticipación por hasta 400.000 millones de pesos, con montos a definir por la Secretaría de Hacienda.
Por otro lado, Benavides destacó que las gestiones del gobernador permitieron destrabar el envío de fondos adeudados a instituciones que trabajan con personas con discapacidad, un reclamo que venía generando fuerte preocupación en la provincia. En esa línea, insistió en que el Gobierno salteño busca sostener áreas sensibles en un contexto de ajuste nacional.
La funcionaria también advirtió sobre el impacto social de otras medidas nacionales y señaló que, desde abril, unos 53.000 beneficiarios de planes sociales en Salta dejarán de percibir ese ingreso, lo que implicará una caída estimada de 4.000 millones de pesos en la economía local.
Con este decreto, la administración provincial intenta mostrar una señal de orden fiscal puertas adentro, mientras busca sostener el equilibrio financiero en un escenario cada vez más ajustado para las provincias. A comienzos de 2026, el propio Gobierno salteño había remarcado que cerró 2025 con equilibrio fiscal por sexto año consecutivo.
Fuente original: Que Pasa Salta
