Un repudiable hecho de violencia vivió la secretaria de Obras Públicas del municipio la arquitecta María Elena Guayán cuando la funcionaria, acompañada de un contratista y otro profesional llegaron a la escuela de la comunidad originaria Yacuy ubicada a unos 15 kilómetros de Tartagal, donde el municipio tiene previsto ampliación y mejoras del edificio, precisamente aprovechando los meses de receso escolar.
Cuando la secretaria de Obras Públicas llegó a la escuela de la comunidad, el sujeto identificado como Julio Sánchez insultó a la funcionaria exigiendo que el municipio le adjudique a él las obras. Como la funcionaria optó por ignorarlo, el sujeto comenzó con todo tipo de agravios y hasta amenazó con golpearla. Pero hasta el momento, a más de que la jueza de violencia de género le impuso al violento una prohibición de acercamiento, la Justicia no adoptó ninguna otra medida.
La arquitecta Guayán relató a El Tribuno el momento que le tocó vivir y recordó que le pidió a la justicia «protección para mí y para mi familia porque este hombre su ufana de que sabe dónde vivo y me propinó todo tipo de amenazas» expresó la funcionaria quien se encontraba medicada después del momento de tensión que vivió al sentirse tan expuesta ante la violencia del sujeto y del grupo que lo acompañaba.
Cooperativistas sin cooperativas
Guayán explicó que el sujeto que la amenazó verbalmente y hasta intentó levantarle la mano: «Ya cortó la ruta la semana pasada exigiendo que el municipio le dé obras. Pero esta administración municipal decidió que esa obra en particular la realice una cooperativa de trabajo que dio sobradas muestras de capacidad de obra y de trabajo. Desde el municipio habíamos elaborado el proyecto para la ampliación de aulas del paraje Yacuy pero se nos presentó el problema que sucede en muchos edificios escolares, de que la cocina, los sanitarios y el salón comedor no estaban en buenas condiciones. Por eso decidimos que se comience con esas obras que eran más urgentes que la propia construcción de las aulas».
La secretaria de Obras Públicas del municipio recordó que «se decidió que las aulas quedarán para una segunda etapa mientras se sacaba el proyecto de cocina, comedor y sanitarios por lo que se firmaron los convenios respectivos con la empresa que ejecutará los trabajos. Pero cuando llegamos a la comunidad apareció Julio Sánchez que dice tener plenas facultades para decidir todo lo que se haga en la comunidad Yacuy diciendo que las obras se las dió «el ministro» cuando en realidad el ministerio de obras públicas de la provincia lo que hace es delegar esa facultad para que sea el municipio el que ejecute las obras».
La funcionaria recordó que «cuando fuimos a la comunidad para dar inicio a los trabajos apareció este hombre que dice que él es presidente de la comunidad y no nos quería dejar entrar a la escuela porque según él nosotros tenemos que pedirle permiso. Al tratarse de un edificio público, con las puertas abiertas por supuesto que ingresé igual. Al contratista que iba conmigo le tiró unos manotazos. Él y otros seis hombres que lo acompañaban a Sánchez se vinieron detrás nuestro porque ingresé al patio del edificio escolar, gritándonos e insultándonos que éramos todos unos corruptos, unos coimeros y un montón de agravios. Mientras nos insultaban de lo último me di cuenta que la gente que estaba con él nos estaban filmando».
Cortó la ruta nacional 34
El mismo sujeto que la semana pasada había cortado la ruta nacional 34 y que luego liberó después de horas de interrupción del tránsito por intervención de la policía «es el mismo que exige que le den las obras a él cuando tiene una cooperativa que figura a nombre de la señora, no tiene capacidad de obra y en la gestión municipal anterior le dieron 4 viviendas que nunca las concluyó», detalló la funcionaria municipal que agregó que «hice la denuncia, sé que la jueza de violencia de género le impuso una restricción de acercamiento pero además de eso esperamos que la Justicia tome alguna medida porque no podemos exponer ni al contratista ni a los trabajadores, para que vayan a hacer una obra que es precisamente de beneficio para toda la comunidad de Yacuy. Esa comunidad originaria tiene un cacique guaraní que no lo reconoce a este violento como autoridad y es evidente que esta gente lo último que quiere es que Yacuy tenga una escuela en condiciones, quieren exigirle al municipio que les dé obras a pesar que no tienen la mínima capacidad ni solvencia de ninguna naturaleza».
Hasta ayer la justicia penal no había dispuesto ninguna medida para preservar la seguridad del contratista, del personal ni de la propia secretaria de obras públicas que con su equipo debe verificar el avance de las obras, previo a certificar el pago de los trabajos.
