Rosa Díaz por decisión del Jurado fue destituida e inhabilitarla para cumplir cargos públicos por ocho años. Está acusada de mala conducta, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público como consecuencia del escándalo por la retención de donaciones para comunidades originarias conocidas públicamente en medios locales, provinciales e incluso nacionales. Además, estuvo durante este proceso, suspendida de sus funciones y con un porcentaje del sueldo embargado que luego sirvió para el pago de los costos del proceso.
Este accionar resulta «inaudito» según lo expresó Abel Cornejo, el procurador General de la Provincia, en referencia al pedido de destitución de una funcionaria por parte del Ministerio Público y el Poder Judicial de salta. Pese a ello, la defensa de Rosa Díaz apeló por su absolución sin éxito alguno.
Entre uno de los tantos relatos que expone este caso, se dio a conocer que un cacique caminaba 25 kilómetros para saber el curso de sus trámites o si estos iniciarían y siempre sin respuesta alguna. Otra persona que dio sus aportes de gran peso por la cercanía, fue Sandra Díaz. Las denuncias fueron 2: una sostenida por el Defensor General de la Provincia, Pedro García Castiella y otra por el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo.
El jurado.
Según lo expresó El Tribuno:
«El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados es encabezado por el presidente de la Corte de Justicia Guillermo Catalano. Está integrado por el Juez de Corte Horacio José Aguilar; el Fiscal de Estado Agustín Pérez Alsina; el Senador Jorge Pablo Soto, designado por la mayoría de la Cámara de Senadores; la Senadora María Silvina Abilés, designada por la primera minoría de la Cámara de Senadores; la Diputada Alejandra Beatriz Navarro, designada por la primera minoría de la Cámara de Diputados y Luis Guillermo López Mirau, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Senadores. No participaron el Diputado Esteban Amat Lacroix, designado por la mayoría de la Cámara de Diputados y Pedro Mellado, abogado de la matrícula designado por la Cámara de Diputados, como consecuencia de encontrarse aislados por contacto estrecho con un caso positivo de COVID-19».