La Procuración General de Salta definió una nueva política de actuación frente al crimen organizado. Mediante la Resolución Nº 1770, el procurador general, Pedro Garcia Castiella, estableció pautas para los fiscales penales de toda la provincia, con foco en los riesgos que estas estructuras implican para las investigaciones judiciales.
Según la norma, pertenecer a una organización criminal deberá tenerse en cuenta al analizar los riesgos procesales. Los fiscales tendrán que evaluar el rol de cada investigado, sus vínculos dentro de la estructura y los recursos con los que cuenta. La idea es que valoren la capacidad de estas organizaciones para facilitar fugas, presionar a testigos u obstaculizar pruebas, y que no analicen los hechos como delitos aislados. Además, esos riesgos deberán revisarse a medida que avance cada causa.
En materia de medidas cautelares, los fiscales deberán pedir la prisión preventiva cuando haya elementos concretos que acrediten riesgos procesales y las medidas menos restrictivas no alcancen. La decisión final queda en manos del juez competente, que deberá fundarla según cada caso. La resolución también pone énfasis en proteger a víctimas y testigos y en preservar las pruebas, y fija pautas para impugnar decisiones judiciales cuando existan fundamentos jurídicos.
Con esta medida, la Procuración busca consolidar una política de persecución penal más eficaz, sin dejar de respetar las garantías legales de las personas investigadas.
Con información de El Tribuno. Nota original: «La procuración General de Salta endurece los criterios de actuación contra el crimen organizado». Imagen: El Tribuno.
