Innocence Project Argentina repudió el brutal traslado por la fuerza pública de Beatriz Elizabeth Yapura, esposa de Santos Clemente Vera, concretado en Salta. Beatriz Yapura fue requerida por la Fiscalía para aportar una muestra genética en el marco de la nueva investigación por el crimen de las francesas Cassandre Bouvier y Houria Moumni, ocurrido en 2011, a fin de cotejarla con rastros biológicos femeninos detectados por el laboratorio IFEG de Francia. En un comunicado, Innocence Project señala: «Nada vincula a Beatriz con el crimen. No está imputada. No existe una sospecha concreta en su contra. Lo único que la une a esta causa es ser la esposa de un hombre condenado erróneamente. Pese a ello, oficiales la arrastraron por la fuerza para extraerle una muestra de ADN. Lo hicieron contra una mujer que atraviesa un delicado estado de salud y constando que su defensa había apelado la orden que autorizaba esta práctica».
«Repudiamos con profunda indignación que esta causa vuelva a estar marcada por la violencia estatal, la arbitrariedad y el apartamiento del derecho. Lo ocurrido es inadmisible».
Agrega: «Este proceder carece de racionalidad y viola garantías reconocidas por la Constitución. Afecta su libertad, su integridad física y psíquica, su intimidad genética, su dignidad, su derecho de defensa y el debido proceso. La extracción compulsiva de ADN no es una diligencia menor. Es una prueba corporal invasiva, que exige control judicial estricto, fundamentación reforzada, necesidad concreta y proporcionalidad. Tampoco sepuso a disposición de la defensa el perfil con el que pretende compararse el ADN de Beatriz, lo que debería estar claramente definido, para evitar la manipulación de muestras y fraudes. Y se elude la designación de un perito de parte idóneo para que controle el procedimiento».
Finalmente, dice: «Al dolor infligido por la persecución injusta y la detención de Santos Vera durante más de diez años, se suma ahora el hostigamiento estatal contra Beatriz. Lo ocurrido duele e indigna. No es justicia. Es violencia institucional contra una familia».
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Fuente original: El Tribuno
