Uno de los temas más relevantes del diálogo sostenido en el Vaticano entre el Papa León XIV y el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio fue sin duda la situación de Cuba, a la que el presidente Donald Trump definió como su próximo objetivo después de Irán. Trump se manifestó predispuesto a impulsar «una toma de control amistosa». En enero, tras el derrocamiento de Nicolás Maduro, ya había pronosticado que «Cuba caería por sí sola».
Rubio es un estadounidense católico con ascendencia cubana que suele mencionarse como candidato a la sucesión de Trump, por la que compite con el vicepresidente JD Vance (también católico). Fue senador por Florida y está íntimamente vinculado con la comunidad anticastrista exiliada en Miami. León XIV, un estadounidense nacionalizado peruano, fue secretario de la Comisión Pontificia de América Latina durante los últimos tres años del pontificado de Francisco, está al tanto en detalle de la situación de la isla del Caribe.
Por esas funciones anteriores León XIV conoce los esfuerzos de Francisco por procurar un acercamiento entre Estados Unidos y el régimen de La Habana, con una intervención que había permitido progresos durante la presidencia de Barack Obama y experimentado después un fuerte retroceso durante el primer mandato de Trump.
Como parte de su campaña de presión sobre el régimen de La Habana, Trump endureció las sanciones y restringió los envíos de petróleo. La decisión provocó escasez de combustibles, fuertes aumentos de precios y prolongados apagones, seguidos de algunas inusuales manifestaciones callejeras de protesta.
La Estrategia de Defensa Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional oficializadas por la administración republicana otorgan prioridad al hemisferio occidental, especialmente al continente americano, ante las amenazas de países hostiles y de grupos criminales transnacionales, así como frente a la necesidad de afirmar el predominio estadounidense en la región.
La Ley Helms-Burton, aprobada en 1996 durante el mandato de Bill Clinton, subordina el levantamiento de las sanciones estadounidenses a un cambio político en Cuba, exigiendo el surgimiento de un gobierno de transición o elegido democráticamente. Constitucionalmente Cuba es hoy un estado con partido único, donde el Partido Comunista es «la fuerza política dirigente suprema de la sociedad y del Estado».
El país atraviesa la peor crisis económica desde el denominado «Período Especial» de la década del 90, cuando la caída de la Unión Soviética, cuyo auxilio representaba un pulmotor que permitía su supervivencia, provocó una prolongada fase de depresión acompañada por un descenso social generalizado. Esa etapa recién pudo ser superada con el ascenso de Hugo Chávez en Venezuela, cuyo abastecimiento petrolero funcionó como un sustituto de la ayuda soviética. En los últimos años la situación pasó a ser insostenible. Según «The Economist», desde 2021 la población cubana descendió desde once millones de habitantes a menos de nueve millones.
La estrategia de «palo y zanahoria» empleada por Trump combinó ese endurecimiento de las sanciones económicas con el comienzo de distintas conversaciones reservadas con diferentes personalidades del régimen, en búsqueda de un personaje que pueda encabezar un proceso de transición orientado a poner fin a un régimen que lleva ya 67 años en el poder.
El carácter secreto de esos diálogos, que provocó no pocas suspicacias entre los altos funcionarios del régimen, es complementado por la intensa actividad del encargado de negocios estadounidense en La Habana, Mike Hammer, quien desde su designación recorrió la isla y no se privó de realizar ciertas declaraciones resonantes.
Hammer confirmó que existían conversaciones entre altos funcionarios cubanos y la administración republicana y auguró que se avecinaba un «cambio histórico». Recalcó que Estados Unidos apoya las aspiraciones de libertad y oportunidades económicas que animan al pueblo cubano y justificó las sanciones económicas.
El diplomático señaló que el 60% del petróleo que recibía la isla era revendido en mercados asiáticos sin beneficios para la población. Subrayó también que los beneficios derivados del turismo» no se reinvertían en la economía. Se utilizaban para construir más hoteles». Como contrapartida manifestó: «imagínense un gobierno que esté dispuesto a invertir en la economía, una situación en la que pueda venir un turismo que no esté alimentando a un grupo, sino que beneficie de verdad al pueblo cubano».
Simultáneamente con esas versiones sobre negociaciones extraoficiales en curso, el gobierno cubano anunció la supresión de las restricciones que impedían las inversiones de los ciudadanos radicados en el exterior, lo que posibilita a la poderosa comunidad empresarial radicada en Miami comprar propiedades y financiar negocios con socios residentes en la isla.
Pero el obstáculo principal para el éxito de cualquier negociación es que, a diferencia de lo que sucede con Venezuela, la presión de la comunidad anticastrista de Miami, que ejerce una fuerte influencia en el Partido Republicano, está obligado a lograr que los posibles acuerdos económicos entre ambos gobiernos sean acompañados por una incipiente liberalización política, una condición que ni el actual presidente Miguel Diaz Canel ni las actuales jerarquías gubernamentales están dispuestos a conceder.
El mismo Díaz Canel se encuentra estrechamente vigilado. Junto al actual presidente y primer ministro, están dos personajes fundamentales de la «nomenclatura cubana»: el viceprimer ministro Ramiro Valdés, de 94 años, uno de los escasos dirigentes históricos sobrevivientes de la guerrilla de Sierra Maestra, y el Ministro de Defensa, Álvaro López Miera, de 82 años, un militar veterano que en la década del 80 participó en las brigadas cubanas que combatieron en las guerras de Angola y de Etiopía.
Pero las sospechas de los analistas están focalizadas en dos jóvenes miembros de la familia Castro, cuyos integrantes desempeñan diversos cargos en la segunda línea de la estructura gubernamental. El primero es Raúl Guillermo Rodríguez Castro, de 41 años, alias «El Cangrejo», nieto de Raúl Castro, quien a sus 94 años y desde su monacal retiro es visualizado como un verdadero «poder detrás del trono». Con el grado de teniente coronel, «El Cangrejo» está a cargo de la custodia personal de su abuelo y es considerado el principal nexo del antiguo líder revolucionario con el mundo exterior. El segundo Castro en observación, mucho más excéntrico, es Sandro Castro, nieto de Fidel, de 33 años, dueño de un elegante club privado, un «influencer» con 150.000 seguidores en Instagram que publicita opiniones altamente provocativas, como que «la mayoría de los cubanos quieren ser capitalistas y no comunistas», herejía que llevaría a la cárcel para cualquiera de sus compatriotas, pero no a un descendiente directo del jefe de la Revolución.
Ninguno de ambos personajes negó las versiones que los sindicaron como protagonistas de sendas rondas de conciliábulos con emisarios de Washington, interesados en conseguir que el nieto de alguno de los hermanos Castro asumiera en Cuba el rol que en Venezuela desempeña Delcy Rodríguez. Al fin de cuentas los historiadores demostraron que Fidel Castro no hubiera podido jamás llegar al poder de no haber sido por el respaldo de un sector de la sociedad estadounidense que creyó en sus promesas de restablecer la democracia liberando a Cuba de la tiranía de Fulgencio Batista.
El carácter decisivo de ese apoyo norteamericano no fue una novedad en la historia cubana. En el siglo XIX España rechazó dos ofertas de adquisición de la isla realizadas por Estados Unidos. La independencia nacional fue el resultado de la guerra hispano-estadounidense, librada entre 1895 y 1898, que finalizó con un tratado de paz que estableció que el antiguo imperio español transfiriera la soberanía de Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam y renunciara a su dominio sobre Cuba.
La constitución de Cuba como un estado independiente fue acompañada entonces por un acuerdo que incluía la denominaba «enmienda Platt», que habilitaba la intervención estadounidense en la isla en defensa de sus intereses, y de la cesión del territorio de Guantánamo para la instalación de una base norteamericana que aún continúa en pleno funcionamiento. Ese derecho a la intervención es el pregonado «toma de control amistosa» que Trump pretende restablecer.
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Fuente original: El Tribuno
