La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresó su «preocupación institucional» por la reforma de la Ley 7.138 aprobada por la Cámara de Diputados de Salta, que habilita al Jurado de Enjuiciamiento a suspender preventivamente a magistrados y funcionarios del Ministerio Público antes de la sustanciación formal del proceso.
El planteo surge luego de que la Cámara baja provincial aprobara modificaciones al artículo 12 de la norma que regula el funcionamiento del jury. Tal como informó El Tribuno, la iniciativa incorpora la posibilidad de dictar medidas cautelares excepcionales, entre ellas la suspensión preventiva de jueces y fiscales cuando existan hechos considerados graves y verosímiles.
Ayer, la Asociación Argentina de Fiscales advirtió que una suspensión preventiva aplicada en etapas tempranas y sobre la base de denuncias aún no sustanciadas puede transformarse en «una sanción anticipada».
La entidad sostuvo además que el riesgo es especialmente delicado en el caso de fiscales que investigan corrupción, criminalidad organizada o abusos de poder, ya que denuncias «maliciosas, estratégicas o instrumentales» podrían utilizarse para apartarlos o condicionarlos.
«La independencia fiscal no constituye un privilegio personal o corporativo: es una garantía de la sociedad para que las investigaciones penales puedan avanzar aun cuando comprometan a sectores de poder», señaló el comunicado.
La AAF también recordó antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como los casos «Nicosia», «Brusa», «Boggiano» y «Goyeneche», para remarcar que los procesos de enjuiciamiento no están exentos del control constitucional.
En particular, la entidad citó el antecedente de la fiscal Cecilia Goyeneche, donde la Corte Suprema intervino al advertir déficits constitucionales en el trámite de jury seguido contra una integrante del Ministerio Público que había participado en investigaciones sensibles de corrupción.
La Asociación sostuvo que los estándares del sistema interamericano de derechos humanos exigen que jueces y fiscales cuenten con garantías de estabilidad, protección frente a presiones externas, derecho de defensa, proporcionalidad y revisión judicial efectiva. Según señaló, tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Corte Interamericana remarcaron que la independencia judicial y fiscal es una condición necesaria para garantizar el acceso a la justicia.
La entidad reclamó que cualquier reforma incorpore garantías mínimas como apertura formal previa del proceso, acreditación objetiva de gravedad institucional, existencia de peligro concreto, audiencia previa del funcionario afectado, revisión judicial efectiva y límites claros.
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Fuente original: El Tribuno
