El país salió de la lista más crítica del informe estadounidense y pasó a una categoría intermedia luego de comprometer reformas legales y operativas. Persisten observaciones sobre piratería, falsificación y demoras en patentes.
Argentina fue excluida de la Priority Watch List de Estados Unidos por primera vez en más de diez años.
Por primera vez en más de una década, fue excluida de la Priority Watch List de y pasó a la Watch List, , entre otras cosas, compromete mejoras en propiedad intelectual. El país acumulaba cuestionamientos durante años por supuestas falencias en derechos de autor y patentes.
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La decisión se conoció tras la firma del Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíproca (ARTI) entre ambos países en febrero de 2026, mediante el cual el Gobierno asumió compromisos para elevar los estándares de protección y aplicación de la propiedad intelectual.
El documento de la Oficina del Representante de Comercio de EEUU señala que el acuerdo “beneficiará a los innovadores y creadores estadounidenses al mejorar la protección de la propiedad intelectual (PI) y priorizar la aplicación contra el robo de PI”. Entre los compromisos, Argentina deberá avanzar en tratados internacionales clave.
Desde la perspectiva estadounidense, el país eliminó limitaciones “excesivamente amplias” sobre la materia patentable, incluyendo directrices que rechazaban automáticamente solicitudes de patentes farmacéuticas que sí son aceptadas en otras jurisdicciones.
El informe también enumera medidas adoptadas para salir de la lista prioritaria. Entre ellas, la elaboración de informes sobre protección de datos y sobre demoras en la concesión de patentes, además de un refuerzo en la aplicación penal con “sanciones disuasorias, incluyendo multas mayores y penas de prisión para la falsificación cometida por redes criminales organizadas”.
El acuerdo prevé además otorgar facultades de oficio a agencias fronterizas, crear un organismo de coordinación en materia de propiedad intelectual y modificar la legislación local para facilitar acciones civiles, incluyendo medidas cautelares contra la piratería.
En el plano operativo, Argentina se comprometió a incrementar operativos e incautaciones en mercados y centros de distribución, así como a desarrollar una estrategia nacional contra la falsificación. También deberá “recopilar y publicar estadísticas trimestrales sobre la aplicación de PI” y promover la cooperación entre proveedores de Internet, titulares de derechos y otras partes.
El texto contempla además “investigar y perseguir penalmente a los operadores de sitios web radicados en la Argentina dedicados a la piratería comercial de derechos de autor”.
En paralelo, el acuerdo incorpora cláusulas sobre comercio agroalimentario. Argentina garantizará el acceso al mercado estadounidense para productores que utilizan nombres comunes en quesos y carnes, evitando restricciones por denominaciones.
Un cambio clave se produjo en marzo de 2026, cuando el país derogó restricciones a las patentes farmacéuticas vigentes desde 2012. A partir de ahora, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) evaluará cada solicitud de manera individual.
La decisión fue formalizada por una resolución conjunta firmada por los ministros Mario Lugones y Luis Caputo, junto al titular del INPI, Carlos María Gallo, que eliminó las pautas restrictivas vigentes desde 2012.
Tras la reclasificación, la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme) consideró que se trata de una “señal positiva” que reconoce avances recientes en la materia.
“Este cambio representa un paso relevante en la dirección correcta y demuestra que la Argentina puede recuperar previsibilidad, seguridad jurídica e integración internacional cuando adopta reglas claras”, expresó la entidad, que destacó que la medida fortalece el sistema y promueve la inversión y la innovación.
Pese a la mejora, el informe advierte que Argentina “sigue presentando desafíos históricos a las industrias intensivas en PI”. Persisten problemas en la aplicación de derechos tanto en mercados físicos como digitales.
El reporte vuelve a señalar a La Salada y el barrio de Once como focos de venta de productos falsificados, y remarca que, aunque hubo operativos en 2025, la policía “generalmente no actúa de oficio y los procesos pueden estancarse en excesivas formalidades”.
En cuanto a la piratería digital, destaca el desmantelamiento del servicio ilegal Magis TV Pro, aunque advierte que la problemática continúa en expansión y que los mecanismos actuales son lentos y poco efectivos.
Entre las recomendaciones, Estados Unidos insta a reforzar sanciones, aplicar la responsabilidad de propietarios de inmuebles donde se vendan productos ilegales y modificar la ley de marcas.
También señala limitaciones en la patentabilidad de innovaciones biotecnológicas y la falta de protección de datos en sectores agrícola y farmacéutico, además de demoras de entre seis y siete años en la aprobación de patentes.
En materia de indicaciones geográficas, Washington pide garantizar transparencia y evitar restricciones indebidas al uso de nombres comunes, especialmente en el contexto del acuerdo entre la Unión Europea y el MERCOSUR.
Finalmente, Estados Unidos indicó que monitoreará la implementación de los compromisos asumidos y mantendrá el diálogo bilateral a través del Foro de Innovación y Creatividad establecido en el marco del acuerdo.
Fuente original: Ambito Financiero
