Beneficiarios deberán asistir a controles presenciales y verificar datos para mantener vigente la prestación.
Cualquier incompatibilidad podría provocar el cese inmediato de la pensión.
El Gobierno nacional puso en marcha una nueva etapa de Auditorías sobre las Pensiones No Contributivas (PNC), un proceso que alcanzará a miles de beneficiarios en distintos puntos del país y que busca revisar tanto la situación médica como las condiciones sociales de quienes reciben esta prestación.
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La medida genera atención y también bastante incertidumbre. Muchos titulares de pensiones comenzaron a recibir citaciones formales para presentarse a controles presenciales, mientras otros todavía esperan definiciones sobre fechas y documentación requerida.
Desde la y organismos vinculados al sistema previsional explicaron que el objetivo es actualizar información, verificar requisitos vigentes y detectar posibles irregularidades.
La auditoría apunta principalmente a las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, aunque también puede involucrar revisiones sobre otros beneficios según cada caso. El proceso incluye una evaluación médica presencial y una instancia de control social y administrativo para confirmar que el beneficiario continúa cumpliendo con los requisitos exigidos por la normativa actual.
Esto implica revisar diagnósticos previos, antecedentes clínicos, certificados de discapacidad si corresponden y la documentación respaldatoria que justificó el otorgamiento inicial de la pensión. Además, se controlará si hubo cambios en la situación económica, patrimonial o familiar que puedan modificar la continuidad del beneficio.
Las citaciones comenzaron a enviarse de manera escalonada y no todos los beneficiarios serán convocados al mismo tiempo. La notificación puede llegar por carta documento, correo postal o a través de canales oficiales vinculados a ANSES y ANDIS.
Por eso, uno de los consejos más repetidos es revisar el domicilio registrado y mantener actualizados los datos personales. Si la notificación no llega correctamente, el problema aparece después. Cada convocatoria indica fecha, horario y lugar donde debe realizarse la revisión médica. En general, se asignan centros de atención cercanos al domicilio del beneficiario, aunque esto puede variar según la provincia.
También se contempla la posibilidad de reprogramación en casos justificados, especialmente cuando existen dificultades de movilidad, internaciones o situaciones de salud complejas. El punto sensible está en no dejar pasar la citación. La ausencia sin justificación puede derivar en suspensión preventiva del beneficio mientras se regulariza la situación.
Al momento de asistir al control, los beneficiarios deberán presentar DNI original, documentación médica actualizada e informes complementarios que respalden su condición de salud. Esto incluye estudios recientes, certificados de especialistas, historia clínica y toda constancia relevante sobre tratamientos o limitaciones funcionales. Cuanto más clara esté la documentación, menos margen para demoras o observaciones.
En algunos casos también se solicita constancia de CUIL, recibo de cobro de la pensión y formularios específicos previamente enviados con la citación. Si los estudios están desactualizados, puede haber pedidos adicionales o nuevas evaluaciones.
Además del chequeo médico, la auditoría contempla una revisión social que busca confirmar si el beneficiario mantiene las condiciones exigidas para seguir percibiendo la pensión. Aquí entran factores como ingresos del grupo familiar, situación laboral, bienes registrados, convivencia y posibles incompatibilidades con otros programas o beneficios.
Por ejemplo, se analiza si la persona desarrolla una actividad formal incompatible con la prestación o si existen ingresos que superan los parámetros establecidos para este tipo de ayuda estatal. También puede revisarse la composición del hogar, el acceso a otras coberturas previsionales y la permanencia de condiciones de vulnerabilidad que justificaron el otorgamiento.
Fuente original: Ambito Financiero
