El Gobierno exhibe superávit, pero los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso revelan una acumulación insostenible de pagos atrasados. Un equilibrio macroeconómico temporal con fecha de caducidad.
La deuda flotante refleja una acumulación insostenible de pagos.
Cualquier operador experimentado en una mesa de dinero sabe que el titular de un informe fiscal rara vez cuenta la historia completa. En el análisis riguroso de las finanzas públicas, la verdadera salud de un programa económico no se mide en los anuncios de relaciones públicas, sino en las notas al pie de los balances. La regla de oro es auditar la brecha entre el resultado «base caja» () y el resultado «base devengado» (lo que jurídicamente se debe). Hoy, la economía argentina se encuentra navegando precisamente en esa peligrosa divergencia contable.
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Para entender la magnitud del fenómeno, debemos mirar los números recientes. El Gobierno celebró un superávit fiscal de $930.284 millones en marzo, una cifra que, en la superficie, consolida la narrativa del ancla fiscal. Sin embargo, este resultado esconde un umbral de estrés sistémico: según los datos más recientes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), este saldo positivo fue apuntalado por un salto asombrosamente agresivo en la deuda flotante, que en el mes de marzo experimentó un crecimiento de $1,20 billones. Si el Tesoro hubiera honrado sus compromisos devengados en tiempo y forma, el cacareado superávit se habría transformado automáticamente en un déficit de $274.060 millones.
Es imperativo dimensionar esta acumulación de pasivos. Mantener un nivel de deuda flotante es una práctica habitual en la gestión de tesorería de cualquier Estado soberano; responde a fricciones administrativas normales entre la orden de compra, la facturación y la orden de pago. Sin embargo, la dinámica actual ha cruzado la frontera de la gestión transaccional para convertirse en un mecanismo de financiamiento forzoso.
El stock de deuda flotante alcanzó los $3,39 billones. Lo que enciende las alarmas en los modelos de riesgo no es solo el nivel nominal, sino la velocidad de la acumulación: estamos frente a un incremento del 55% en términos intermensuales (febrero a marzo) y a una suba del 50% en comparación con la deuda flotante de marzo del año pasado. Este ritmo vertiginoso indica que la postergación de pagos ha dejado de ser un accidente administrativo para consolidarse como la principal herramienta no ortodoxa de ajuste fiscal.
A este maquillaje de caja se le suma otra maniobra contable de impacto significativo: el tratamiento de los intereses de la deuda. La capitalización de intereses, al no registrarse como un pago en efectivo, deja de impactar en el resultado financiero inmediato. Esta práctica mejora la fotografía del mes, pero engrosa el pasivo exigible del futuro, configurando un riesgo de liquidez latente.
El impacto macroeconómico de esta estrategia es profundo y doloroso en la economía real. Cuando el Estado «se sienta sobre la caja», no está eliminando el gasto, lo está reprimiendo. Y esa represión tiene consecuencias directas sobre el sector privado, generando una dinámica regresiva que afecta primero a los eslabones más vulnerables del entramado económico.
El mecanismo es claro: el Tesoro devenga gastos por servicios prestados o subsidios comprometidos, pero retiene el pago. Lo hemos visto materializarse en las últimas semanas con una claridad meridiana. La crisis en el sistema de transporte automotor por la falta de pago de subsidios a los colectivos, o la interrupción de servicios por parte de los prestadores del PAMI, son síntomas de una misma patología. El Estado, en su afán por mostrar solvencia en una hoja de cálculo, transfiere su déficit de liquidez al sector privado.
Esto produce un efecto dominó que destruye el capital de trabajo de las empresas. El proveedor que no cobra del Estado, a su vez, retrasa los pagos a sus propios proveedores y empleados, paralizando el multiplicador del gasto privado y profundizando la recesión. En términos estrictos, el Estado se está financiando a tasa cero (o negativa en términos reales, producto de la inflación) a expensas de la liquidez del sector productivo y de la salud de los beneficiarios finales de esos servicios.
La sustentabilidad de esta estrategia choca de frente con la pared de la recaudación tributaria. Los ingresos del fisco llevan ocho meses consecutivos de caída en términos reales. Con la recesión golpeando la recaudación ligada al ciclo económico (como el IVA y el impuesto al cheque), y con el «trabajo sucio» del recorte de gastos discrecionales ya mayormente ejecutado, sostener el equilibrio fiscal a puro machete se vuelve matemáticamente inviable y socialmente insostenible.
Sin embargo, los indicadores de alta frecuencia sugieren un leve cambio de tendencia. Para el mes de abril, las proyecciones indican que, gracias a la liquidación de exportaciones y otros factores estacionales, podríamos presenciar el fin de esta racha negativa, logrando quebrar la caída de los ingresos en términos reales.
Este potencial respiro recaudatorio, lejos de relajar al equipo económico, los enfrentará a un inminente policy dilemma (dilema de política pública). Si la caja efectivamente mejora, el Tesoro tendrá la obligación moral y económica de comenzar a desarmar el stock de $3,39 billones de deuda flotante para recomponer la cadena de pagos. Pero hacerlo implicará, inexorablemente, un impacto negativo sobre el resultado de caja mensual, deteriorando la métrica que el mercado financiero ha utilizado hasta ahora para justificar la compresión del riesgo país.
El equilibrio fiscal es, sin lugar a duda, la condición sine qua non para estabilizar una macroeconomía crónicamente enferma de inflación. Sin embargo, la calidad de ese ajuste define su longevidad. Si la erradicación del déficit depende estructuralmente de la acumulación exponencial de deuda con contratistas, prestadores de salud y empresas de transporte, sumado a la parálisis total de la inversión en infraestructura, lo que observamos no es un equilibrio fiscal robusto, sino un esquema de gastos reprimidos de altísima volatilidad.
Argentina se enfrenta a una restricción insoslayable: necesita imperiosamente incrementar sus niveles de recaudación. Dado que la presión tributaria formal ya se encuentra en niveles de asfixia para el sector privado, la única vía no distorsiva para lograrlo es el crecimiento orgánico de la economía y la consiguiente ampliación de la base imponible. Sin crecimiento, la licuación de partidas y la acumulación de deuda flotante alcanzarán su límite de tolerancia social y corporativa, haciendo que el ancla fiscal se vuelva peligrosamente endeble.
Gobernar sentado sobre la caja compra tiempo, calma momentáneamente a los bonistas y genera titulares amables en la prensa financiera, pero no construye solvencia estructural. La contabilidad creativa puede ofrecer una tregua en los mercados, pero en la economía real los pasivos devengados siempre terminan exigiendo su pago en efectivo.
Fuente original: Ambito Financiero
