En una investigación que los productores califican como un antes y un después en la lucha contra el abigeato, una causa en el Valle de Lerma avanza ahora en una etapa fundamental, busca consolidar pruebas, profundizar responsabilidades y sostener el proceso hasta lograr futuras condenas. La investigación también sigue abierta sobre posibles nuevas detenciones, la red de comercialización ilegal y eventuales complicidades aún no reveladas.
La causa dejó, hasta el momento, diez detenidos, dos prófugos, 16 allanamientos simultáneos, el secuestro de casi 19 millones de pesos y unos 20 mil dólares, además de un dato de extrema gravedad institucional: un efectivo policial fue dado de baja tras descubrirse que filtraba información a la banda para que esquivara cercos investigativos y controles policiales. En la madrugada del 8 de abril pasado se realizaron las principales detenciones.
La organización, señalada como liderada por el conocido «Gordo Aguirre», habría ejecutado durante años un mismo patrón delictivo: operar en la madrugada, utilizar vehículos que no eran de su propiedad, dejar los rodados alejados de la escena del abigeato para evitar sospechas, sustraer animales, faenarlos clandestinamente y distribuir la carne mediante una red que incluía puntos de comercialización bajo investigación, entre ellos carnicerías de la zona norte de Salta Capital.
Para los investigadores, no se trata de hechos aislados sino de una «empresa criminal», una definición jurídica que cambia la dimensión del caso y podría agravar las imputaciones.
Uno de los puntos que más destacan los productores damnificados es la rapidez con que actuó el Fiscal Penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante. Muchos productores, sostienen que la causa avanzó cuando la investigación cayó en una jurisdicción fiscal donde hubo decisión de intervenir, profundizar y coordinar inteligencia criminal.
Algunos productores en diálogo con El Tribuno expresaron que «los delitos complejos como el abigeato organizado exigen fiscales que comprendan la problemática, conozcan el territorio, dialoguen con víctimas, articulen con investigadores y, en términos concretos, ‘se ensucien las zapatillas»‘.
Con los nueve detenidos a disposición de la Justicia y dos prófugos aún buscados, la investigación entra en una fase donde la Fiscalía deberá consolidar pruebas, profundizar vínculos entre imputados, determinar responsabilidades individuales, avanzar sobre la presunta asociación ilícita.
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A la causa se incorporó un hecho de máxima gravedad institucional: un efectivo de la Policía Rural, con presuntos vínculos de parentesco con el «Gordo Aguirre», fue detenido y se convirtió en el décimo implicado del expediente. Según surgió de la investigación, el uniformado filtraba datos sensibles a la organización, advertía sobre controles, «buchoneaba» movimientos investigativos y alertaba cuándo podían producirse procedimientos o allanamientos, lo que durante meses habría permitido que operativos llegaran sin resultados concretos.
Esa presunta protección interna habría sido una de las razones por las que la banda logró mantenerse activa durante tanto tiempo. Su situación quedó comprometida cuando una línea investigativa expuso esa relación y lo dejó involucrado. Tras descubrirse su presunta participación, fue inmediatamente separado de la fuerza, dado de baja y puesto a disposición de la Justicia. Está detenido.
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Fuente original: El Tribuno
