Los abogados del Estado se presentaron en la causa para evitar el pago de los fondos tal y como ordenó la Justicia. El objetivo es llegar al máximo tribunal.
Los jueces de la Corte Suprema durante un encuentro con el ministro de Justicia, Juan Mahiques, el mes pasado. (Imagen de archivo).
El Gobierno nacional presentó en la madrugada de este viernes un recurso ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y suspender la aplicación de la , horas antes de que se venciera el plazo para que Economía desembolse los fondos adeudados.
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El Recurso Extraordinario Federal fue presentado por el titular de la Procuración del Tesoro, Sebastián Amerio, ante la Sala III de la Cámara Federal, con el objetivo de impedir la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley 27.795 sancionada por el Congreso de la Nación.
La presentación cuestionó el fallo de la Cámara que ordenó cumplir con la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con ambos incisos y que manifiesta la inaplicabilidad del artículo 1 del decreto 759/2025.
El cuerpo de abogados del Estado Nacional elevó el recurso con efecto suspensivo para no tener que abonar los fondos, cuyo plazo se venció este viernes a las 9.30. Sin respuesta de la Justicia y habiéndose cumplido el período estipulado por la Justicia, el Gobierno optó por insistir por la vía judicial para no acatar el fallo y evitar desembolsar las transferencias.
Con la presentación, buscan ganar tiempo para llegar al Máximo Tribunal. En el marco del recurso presentado esta jornada, el Poder Ejecutivo le solicitó a los tres miembros de la Corte Suprema que se excusen en el caso y llamen a otros tres conjueces, según consignó el portal Infobae, dado que todos ellos son docentes universitarios.
En ámbitos judiciales, el planteo fue considerado «débil». La maniobra fue interpretada como una estrategia dilatoria similar a la utilizada durante el kirchnerismo para intentar apartar magistrados en causas sensibles.
En la administración nacional argumentan que la aplicación de la ley de Financiamiento Universitario obligaría desembolsar unos $2,5 billones, lo que rompería el superávit. Sin embargo, no supondría un problema ya que, en caso de no quedar otro camino, aplicarían la motosierra en otras áreas, tal como aseguró el presidente Milei en diversas oportunidades.
De todas maneras, cuestionan que la normativa, aprobada y defendida en dos oportunidades por el Congreso de la Nación tras el intento de veto de parte de Nación, no prevé una fuente de financiamiento para cumplir con los desembolsos, por lo que no cumple con las leyes 24.629, 24.156 y de presupuesto 27.798, que requieren de la aprobación de partidas específicas.
Mientras tanto, las universidades llevaron adelante este jueves una , en defensa de las instituciones, con clases en las calles, servicios gratuitos y jornadas de divulgación de ciencia y conocimiento, la comunidad científica, el ámbito científico y tecnológico universitario.
Así, volvieron a reclamar por el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, ya que, según aseguraron, sin ella «la universidad pública y la ciencia nacional agonizan».
Según explicaron en una carta abierta, las transferencias a las universidades públicas cayeron un 45,6% desde diciembre de 2023 hasta la fecha. Por ello, resaltaron que «en todos los aspectos estamos funcionando a la mitad». Estos recortes incluyen el de los salarios docentes y por eso vuelven a destacar que «sin salarios dignos no hay Universidad de calidad, por lo que lo más urgente es resolver la angustiante e injusta situación salarial de docentes y nodocentes y la necesaria actualización de los programas de becas a estudiantes. «.
A pesar de todas estas dificultades, en el comunicado ratifican «que la ley sancionada por el Congreso y con un fallo judicial ordenando su aplicación, el Gobierno Nacional mira hacia otro lado y las respuestas no aparecen». En la legislación ratificada el pasado 2 de octubre, se busca en «los artículos 5 y 6», saldar muchas de estas problemáticas, pero sin su cumplimiento, resulta imposible.
Por lo tanto -dicen desde el comunicado- que han «notificado formalmente a la justicia el incumplimiento por parte del Gobierno Nacional de lo dispuesto en fallo» al mismo tiempo que enviaron «a la Ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, una nota para exigir la convocatoria urgente a la paritaria nacional y la aplicación sin más dilaciones de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario».
Además, si la situación continúa tal cual está, en la carta resaltaron que volverán a «convocar a la sociedad argentina para manifestarnos la primera quincena de mayo en todo el país en defensa de la educación, la universidad pública y la ciencia nacional».
Fuente original: Ambito Financiero
