En la Comisaría de Atocha empezaron a radicarse denuncias por una presunta estafa con terrenos que tiene -de un lado- a cerca de 380 personas afectadas y -del otro- a siete referentes barriales, dos abogados y una gestora señalados por cobros irregulares de trámites, carpetas y lotes que serían inhabitables.
Los antecedentes del caso, que ya ocupa a la Fiscalía Penal de San Lorenzo, se remontan hasta julio de 2023, cuando 150 personas se asentaron en una fracción de la ribera del río Arias localizada detrás del barrio UPCN en Atocha. De acuerdo con una de las denuncias radicadas, esa toma de terrenos habría sido incitada mediante un grupo de Whatsapp por Telmo Luna, Patricia Granero, Miriam Molina, Brenda Galindo, Iván Cuello, Pablo Tolaba y Luis Zacarías.
Tras esa toma quienes se habían asentado en el predio ribereño fueron desalojados por la Policía. En ese contexto -según expone la presentación- Molina radicó una denuncia por abuso de autoridad y les presentó al abogado Santiago Pedroza para asesorarlos sobre el terreno que había sido objeto del lanzamiento dispuesto con la fuerza pública.
Denunciaron que, en ese marco, les prometieron que «iban a realizar acciones legales a fin de que esas tierras sean cedidas a las familias» afectadas. Agregaron que en fechas posteriores se hicieron reuniones en el domicilio de Molina, sito en las calles Hugo Herrera y Hugo Aramayo, donde acordaron que Pedroza representaría a las familias perjudicadas, haciéndoles «firmar poderes» y señalándoles que, una vez resueltas las acciones, les «iban a vender el terreno».
Añadieron que se acordó, además, que el abogado les cobraría «los gastos administrativos por trámites ante el Municipio de San Lorenzo y Recursos Hídricos». Más tarde -siempre según denuncias- les aseguraron que «estaba todo aprobado», que «ya le habían ganado el juicio al gobierno» y que el 20 de marzo les iban a «hacer entrega de los terrenos» en el loteo que se llamaría «Las Victorias».
Agregaron que en febrero Pedroza les había presentado a una gestora, Marianela Benítez Granse, y a un abogado, Santiago López Lombardi, «quien realizaría todos los trámites en Recursos Hídricos, Inmuebles y Tierra y Bienes».
Remarcaron que la gestora empezó a cobrarles dinero «para pagar a Recursos Hídricos y la limpieza de terrenos». Precisaron eran cerca de 400 personas y a cada una se le pidió $450.000.
El pasado 16 de abril, envueltas en dudas y preocupación, personas angustiadas decidieron dirigirse hasta el centro cívico del Grand Bourg, donde funcionarios con conocimiento de la situación de esas tierras ribereñas de Atocha les informaron que en la Secretaría de Tierras y Bienes de la Provincia no había «ningún papel presentado» por el estudio jurídico y les recomendaron radicar denuncias penales por la presunta estafa que se investiga. Familias afectadas recalcaron que desde ese organismo se comprometieron a aportarles constancias para acompañarlas a los recibos, mensajes y audios que entregarían a la Fiscalía actuante como elementos probatorios de las presentaciones radicadas contra los diez denunciados.
Serían al menos 380 los afectados. Y según las denuncias, desde 2023 varias habrían realizado pagos de $500.000 -y en algunos casos de hasta $8 millones inclusive- por carpeta. Afirmaron que hicieron pagos en efectivo a los denunciados (también refirieron a pagos mediante transferencias) en la casa de Molina y el citado estudio jurídico.
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Fuente original: El Tribuno
