Con el impulso del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, se podría abrir en el Senado el debate que rehabilitará la posibilidad de desarrollar actividades productivas en áreas incendiadas.
El caso de Chubut de este verano volvió a poner el foco en los incendios voluntarios con fines especulativos.
A pesar de la , el Gobierno sabe que cuenta -hasta que ocurra una insospechada rebelión de provincias- con mayoría en el . Con ese respaldo decidió dosificar los proyectos que envía, pero lo hace con garantías de aprobación. Su próximo objetivo fue anunciado por el presidente Javier Milei y defendido por el ministro : la «Inviolabilidad de la Propiedad Privada», que prevé una reforma a la actual ley de Manejo del Fuego.
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La referida ley 26.815 se sancionó en el 2012 y buscó abordar una problemática: los incendios intencionales que ocurrían en bosques nativos y reservas naturales para, en tierra quemada, cambiar el uso del suelo con fines de usufructo. En el 2020, nuevamente con un oficialismo justicialista, se extendió esta concepción a áreas agrícolas y se establecieron plazos de 60 años (en caso de bosques nativos) y de 30 años (zonas agropecuarias) para la prohibición para cambiar el uso originario de la tierra. Es esto último lo que el Gobierno busca modificar, con expectativa de llevarlo a una sesión en el Senado a fines de abril.
La postura de Sturzenegger, en su presentación de la ley en el Congreso, fue tajante. «No sé bajo qué lógica alguien pensó que esto podía tener algún sentido», dijo y precisó que «queremos volver al espíritu original que si hay un bosque nativo y hay un incendio, intencional o no, no se puede cambiar. Ahora, en una producción agropecuaria es un dislate extender este mismo concepto y afectar la propiedad durante 30 años». Los argumentos del ministro fueron coincidentes con los legisladores (en ese entonces, de Juntos por el Cambio) que se opusieron al proyecto cuando se aprobó. , la sanción de la reforma en ambas Cámaras fue holgada: 41 a 28 en el Senado y 132 a 96 en Diputados.
Federico Sturzenegger defendió el proyecto del Gobierno en el Senado.
La presentación del Gobierno se trata de la iniciativa más seria de reforma de la Ley 26.815, que ya tuvo dos intentos previos de legisladores directamente vinculados con el sector agrario. Los entrerrianos Beltrán Benedit (Diputados, Sociedad Rural Argentina) y (Senado, Federación Agraria Argentina) presentaron proyectos en igual sentido para remover las inhibiciones productivas en tierras incendiadas. Sus dos organismos de pertenencia, en conjunto a Confederaciones Rurales Argentinas y Coninagro, emitieron un comunicado en el 2020, en donde consideraron que la ley que se debatía promovía “una visión prejuiciosa y denigrante respecto de los productores rurales. Parten de premisas equivocadas sobre una supuesta ambición desmedida de los productores por ganar más tierras para su actividad a cualquier costo».
Este año, la primera federación en pronunciarse fue la Red de Manejo del Fuego Rural, compuesto por industriales de insumos forestales, que en un documento consideró que la propuesta libertaria «no implica una flexibilización ambiental», sino que “busca corregir distorsiones del régimen vigente que han generado efectos jurídicos y económicos adversos sin reducir los incendios“. El argumento podría ser una réplica del expuesto por
El proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada” cuenta con siete capítulos. El quinto, que modifica la ley de Manejo del Fuego, tiene con apenas dos artículos. El primero de ellos refuerza el compromiso estatal en recomposición de los bosques nativos afectados por los incendios, pero descarta zonas agropecuarias e incluso omite mencionar «áreas naturales protegidas» (como lo presenta la redacción de la actual ley). Además no precisa ningún plazo de tiempo para la conservación del uso original de los suelos (60 años en el texto vigente). Tampoco remarca inhibiciones de venta, loteos o división de los terrenos, ni prácticas agropecuarias.
En el otro artículo de la reforma, se eliminan dos apartados de la vigente ley: la primera que habilita al Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos a extender los suelos protegidos, mientras que la segunda refiere a la prohibición de cambiar el uso de suelos en zonas agropecuarias por 30 años.
El vínculo entre el fuego y la especulación sobre el uso de los suelos tiene fundamentos en informes producidos en el marco de la discusión previa que promovió la actual ley de Manejo del Fuego. Aunque los informes de evaluación realizados por la anterior gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible fueron eliminados de las plataformas públicas para su difusión, sirvieron de fuente para un estudio del 2022 -bajo el título «Los incendios forestales en Argentina»- en el que Amnistía Internacional plantea que “con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería”.
Por su parte, en su informe «Argentina incendiada» (2020), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales se pronunció al respecto de una modalidad especulativa: “El sector agropecuario se encuentra jugando dos roles principales y opuestos en esta situación de los incendios en Argentina. Por un lado, es parte de las causas, fomentando el fuego para aprovechar el rebrote de pasturas, o para la extensión de su actividad. Por otro lado, el sector recibe los beneficios del desastre agropecuario provocado por el fuego”.
Fuente original: Ambito Financiero
