La disputa por la coparticipación volvió al centro del debate en un escenario de caída de la actividad, retroceso del consumo y menores recursos para las provincias.
El reparto de recursos entre Nación y provincias vuelve a tensionarse en un escenario de menores ingresos y mayor fragilidad económica.
La discusión sobre la en la Argentina de hoy no es técnica, es política y perentoria, porque está en juego el funcionamiento del federalismo, que tiene rango constitucional, en un contexto de enfriamiento económico, caída del consumo y deterioro social.
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La caída de la coparticipación no es un fenómeno aislado. Es la consecuencia directa de un proceso más amplio: la pérdida de dinamismo de la economía real, como ocurrió en ciclos neoliberales anteriores.
Los dos pilares de la masa coparticipable -IVA y Ganancias- dependen directamente del nivel de actividad. Uno está atado al consumo y otro a la rentabilidad empresaria y al empleo formal. Si el consumo se retrae, el IVA cae. Si la actividad se desacelera, otro tanto ocurre con las utilidades y los ingresos gravados.
El resultado de la política económica de Milei y Caputo es evidente: menor circulación económica y una recaudación que pierde capacidad en términos reales. La caída de ingresos nacionales reduce la masa coparticipable, es decir que las provincias cuentan con menores recursos para atender sus obligaciones.
Ese movimiento no se agota en lo fiscal sino que repercute sobre la economía local. Genera retracción de la obra pública, límites en el gasto, justo cuando más necesario es por la retirada de nación y dificultades para sostener los salarios. A partir de allí, el ciclo se retroalimenta: menos actividad implica menos recaudación, y el deterioro vuelve a empezar. Se configura así un circuito regresivo que traslada tensiones macroeconómicas al territorio y debilita las capacidades provinciales para sostener el desarrollo. La serpiente se muerde la cola.
Para ser más claro, las provincias sufrieron en 2024 una caída fuerte de recursos automáticos; en 2025 hubo alivio parcial, pero sin volver al nivel de 2023; y en el primer trimestre de 2026 la coparticipación volvió a caer en términos reales.
La decisión de otorgar adelantos de coparticipación a algunas provincias, con devolución e intereses, se encuentra prevista en la normativa vigente. Desde el punto de vista técnico, puede entenderse como un instrumento de orden financiero pero su utilización en el contexto actual revela que varias jurisdicciones deben anticipar ingresos futuros para cubrir necesidades corrientes.
Más grave aún, cuando estos mecanismos se aplican de manera selectiva se abre un debate sobre la equidad en la relación fiscal. El acceso a liquidez deja de ser automático y pasa a depender de decisiones del nivel central, lo que introduce un componente de discrecionalidad y disciplinamiento político. ¿Hasta qué punto estos mecanismos condicionan el accionar de los legisladores nacionales de esas provincias, cuando el acceso a recursos queda sujeto a decisiones del Gobierno Nacional?
La provincia de La Pampa constituye una excepción al contexto generalizado. Una administración ordenada y cuentas equilibradas a lo largo de cuatro décadas permitieron llegar a este momento con nivel de endeudamiento cero. Esa solidez le ha permitido sostener su funcionamiento sin recurrir a adelantos de coparticipación, evitando así endeudamientos. Más aún, el Estado nacional quien debe a La Pampa un monto superior a los $400.000 millones en diferentes conceptos, lo que nos permitiría contar con mayor alivio fiscal y al mismo tiempo generar mayor crecimiento para nuestra provincia.
Sin embargo, esta particularidad no debe distorsionar nuestra capacidad de análisis. El régimen de coparticipación argentino muestra limitaciones evidentes para responder a contextos de contracción económica. La caída de la coparticipación es la expresión de un entramado económico que pierde impulso y de un esquema institucional que no logra equilibrar sus efectos.
Si no se reconstruye el circuito productivo -consumo, inversión, empleo- la recaudación seguirá deteriorándose, y con ella la capacidad de las provincias para sostener sus funciones. El desafío no es únicamente fiscal, sino más bien estructural y esencialmente, político.
Fuente original: Ambito Financiero
