La Corte Suprema de EEUU falló en contra de la suba discrecional de aranceles a las importaciones, base del acuerdo firmado con el Gobierno en febrero. En su reemplazo, Washington aplicó la “Sección 122” por un plazo de 150 días. Mientras tanto, crece el reclamo exportador por el retraso en las devoluciones de impuestos.
Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, y Pablo Quirno, canciller, el día en que se anunció la firma del acuerdo.
Aunque el gobierno de Javier Milei haya mostrado como un gran logro el acuerdo de comercio con EEUU firmado en febrero pasado, la realidad es que ese entendimiento no resultó todo lo bueno que esperaba, debido a que
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¿Por qué? El pasado 20 de febrero, la Corte Suprema de EEUU anuló los aumentos de aranceles contra diferentes países efectuados por el Poder Ejecutivo al amparo de una declaración de emergencia que no había pasado por el Congreso. Esa declaración era la que justificaba el “Liberation Day”. Esa norma, ahora anulada, es el fundamento del acuerdo con Argentina. Básicamente, la Corte dice que Donald Trump no tiene facultades para subir o bajar aranceles por decreto, sino que requiere autorización del Poder Legislativo.
Como el texto del acuerdo suscripto por Argentina no dice nada respecto de que las rebajas de aranceles que benefician al país puedan realizarse al amparo de otras normas que reemplacen al Liberation Day, legalmente el convenio quedó más que flojo de papeles. Es un contrato donde una de las partes no puede cumplir.
Como las sanciones del Liberation Day ya no existen (ni para Argentina ni para ningún país afectado), el gobierno norteamericano apeló a las leyes vigentes para mantener penalidades. Así comenzaron a aparecer medidas como la conocida “Sección 122”, que faculta al presidente de EEUU a aplicar aranceles de hasta 15% por un período de hasta 150 días. La medida comenzó a aplicarse el 24 de febrero.
Las sanciones comerciales que el gobierno de Estados Unidos está aplicando actualmente a la Argentina bajo la Sección 122 vencerán el próximo 24 de julio. La continuidad o no de las mismas dependerá de la mayor o menor pericia de la política exterior argentina, ya que es previsible que Trump trate de prorrogarlas, aunque requiere autorización del Congreso.
«En cuanto al acuerdo Argentina-EEUU, existen incertidumbres técnicas tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegales los aranceles recíprocos (el único beneficio arancelario que EEUU le concedía a Argentina en el acuerdo)», señala un reporte de la Cámara de Exportadores.
En ese sentido, a criterio del presidente de CERA, Fernando Landa, «el acuerdo de morigeración de subas de aranceles se cayó con el fallo de la Corte». Landa mantuvo un encuentro con periodistas en la sede de la entidad. Allí mencionó la disparidad de compromisos asumida por el gobierno de Milei, frente a la posibilidad de conseguir una apertura del mercado norteamericano, que no sería tal.
«En el texto se menciona 113 veces ‘Argentina deberá…’ frente a solo 10 menciones donde dice ‘EEUU deberá…'». Landa plantea que en ese acuerdo «la contraparte (EEUU) se compromete a algo que no puede hacer», en tanto que Argentina toma compromisos por una serie de medidas que podría hacer sin necesidad de un convenio, de manera unilateral.
Mientras tanto, los exportadores argentinos advierten que EEUU sigue buscando motivos para cerrar sus mercados. Hace un par de semanas emitió una orden de investigación por trabajo infantil al amparo de la Sección 301. Esa medida podría permitir a Trump aplicar penalidades en caso de que se determinara que productos de China u otro país fabricados con empleo de niños entren a la Argentina, al considerar que Estados Unidos tiene un trato desfavorable con sus productos.
En el caso de Argentina se estarían investigando ladrillos y ajo, entre otros. Por otro lado, estarían en estudio medidas por la sección 338 sobre prácticas discriminatorias. Quiere decir que si Argentina le concede beneficios a terceros países, Estados Unidos podría reclamar el mismo trato o aplicar sanciones.
Un detalle a tener en cuenta del informe de la CERA es que, de las 1675 posiciones arancelarias comprometidas en el acuerdo por Estados Unidos, ahora al aplicarse la sección 122 del código de comercio, Argentina obtuvo 1253 productos sin arancel sin negociar nada, ya que ese punto limita las posiciones que pueden ser incluidas. Y es más, en 2025 Estados Unidos registró importaciones de Argentina por sólo 274 posiciones arancelarias a un valor de u$s1.000 millones. En comparación con la relación comercial con Brasil, lo de Argentina es casi nada.
El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es desde el punto de vista legal el más sólido. Pero tiene serias desventajas para la Argentina. Tiene una salvaguarda para productos agrícolas, que posee un umbral muy bajo. Casi que puede actuar para evitar que crezcan los envíos del Mercosur a Europa.
Fija un umbral del 5%. Funciona así: «si el crecimiento de las importaciones de productos sensibles pasa el piso (vs. promedio últimos 3 años) o si precios de importación caen 5% por debajo de precios europeos» se activa la salvaguarda. El umbral es muy bajo, ya que 5% es lo que pueden crecer las importaciones de un país en un año normal.
Además de ello, los europeos quedan habilitados a tomar medidas provisorias en solo 21 días y cerrar una investigación en apenas 4 meses.
Encima, el ingreso de productos del Mercosur que Europa pueda considerar sensibles se fija por cuotas, al tiempo que las exportaciones del bloque deben pasar los severos filtros sanitarios y medioambientales que fija Bruselas.
Landa planteó además los propios problemas que genera el entorno argentino para la competitividad de los exportadores. Entre ellos están las demoras en devolver IVA exportador y reintegros a las exportaciones. El titular de CERA indicó que en el caso de empresas grandes llega a 8 meses y en las pymes a 5.
Frente a ello dice: «esperamos no levantarnos un día y encontrarnos ante un nuevo Día de la Marmota». Landa usó la figura de la tradicional celebración norteamericana que marca el inicio de la primavera, para recordar un episodio similar ocurrido durante el gobierno de Carlos Menem. Se habían acumulado deudas de reintegros a las exportaciones y entonces se entregó el denominado Bono de Crédito (BOCRE).
Del mismo modo, Landa cuestionó la regulación que obliga a los exportadores a liquidar dólares en un plazo determinado. «Es una intromisión del Estado en el manejo de los activos de las empresas», explicó. Puso como ejemplo el caso de una empresa que decidió importar una máquina de Europa, pero le exigieron pagar por anticipado, dada la desconfianza que genera Argentina. A pesar de tener los dólares, la empresa no pudo pagar porque se los tenía que vender al Banco Central.
Fuente original: Ambito Financiero
