En un escenario donde los delitos digitales avanzan con rapidez y desafían los métodos tradicionales de investigación, un operativo coordinado en el norte de Salta permitió dar un paso clave en la lucha contra uno de los crímenes más sensibles: la explotación infantil en entornos virtuales.
La Policía de Salta, a través de la Dirección General de Ciberseguridad, concretó una serie de allanamientos en el marco de causas vinculadas a la producción, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil, una problemática que crece en todo el país y que exige intervenciones cada vez más especializadas.
Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en el paraje Agua Blanca, en la localidad de Aguaray, y también en Pichanal, dos puntos donde los investigadores habían detectado movimientos compatibles con la circulación de este tipo de contenidos ilegales.
El operativo fue el resultado de tareas investigativas que combinaron análisis de datos, rastreo de actividad en entornos digitales y cooperación entre distintas áreas especializadas. Intervino personal de la División Prevención y Lucha contra la Trata de Personas y de la Dirección de Prevención y Asistencia Informática, bajo la órbita de la Fiscalía.
Las medidas fueron supervisadas por el director de Ciberseguridad, Carlos Reyes; el jefe del área, Javier Villagra; y la jefa de Trata de Personas, Janet Marisol Ale, quienes coordinaron el despliegue en territorio.
Como resultado de los allanamientos, se logró la detención de tres hombres, de 27, 23 y 42 años, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Durante los procedimientos se secuestraron celulares, tarjetas SIM, dispositivos de almacenamiento digital y otros elementos informáticos, considerados claves para avanzar en la investigación. Estos equipos serán sometidos a peritajes técnicos para determinar el volumen de material, su origen y posibles conexiones con otras redes.
En la causa tomó intervención la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, junto a los Juzgados de Garantías de Tartagal y Orán, que autorizaron las medidas y supervisan el proceso judicial.
Fuentes vinculadas a la investigación señalaron que el análisis de los dispositivos será determinante para establecer si los detenidos actuaban de manera individual o si formaban parte de una estructura más amplia de intercambio de contenido ilegal.
El avance de la tecnología y el acceso masivo a internet generaron nuevas formas de criminalidad. Entre ellas, la distribución de material de abuso sexual infantil se convirtió en uno de los delitos más complejos de detectar, ya que muchas veces se oculta en redes privadas, plataformas de mensajería o sistemas de almacenamiento en la nube.
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Fuente original: El Tribuno
