La reforma redefine qué zonas estarán protegidas y cuáles podrán habilitarse para actividades productivas.
La reforma en Diputados aparece como un punto de inflexión para el desarrollo de la minería en Argentina.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, y convirtió en ley una de protección ambiental vigente y habilita nuevas condiciones para actividades productivas.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El proyecto, impulsado por el oficialismo de , logró convertirse en ley con el respaldo de aliados habituales y sectores dialoguistas, en línea con una estrategia orientada a fomentar inversiones en áreas como la minería y los hidrocarburos.
La discusión se dio en un clima de alta tensión entre quienes promueven la llegada de capitales para dinamizar la economía y quienes advierten sobre los riesgos ambientales, especialmente en relación con la protección de recursos naturales estratégicos como las reservas de agua dulce.
La normativa anterior, sancionada en 2010, establece una protección amplia sobre glaciares y zonas periglaciares, donde prohíbe actividades extractivas. El nuevo proyecto introduce un enfoque más flexible, basado en criterios de evaluación y segmentación de áreas.
El texto redefine el alcance de la ley y establece cambios estructurales en el esquema de protección y control:
Protección selectiva de glaciares: Solo serán protegidos plenamente aquellos glaciares considerados estratégicos o esenciales para el abastecimiento de agua.
Fin de la protección automática en zonas periglaciares: Estas áreas dejarán de estar resguardadas por defecto y su protección dependerá de estudios técnicos específicos.
Habilitación de actividades productivas: Se permitirá el desarrollo de proyectos mineros e hidrocarburíferos en zonas previamente restringidas, siempre que superen evaluaciones de impacto ambiental.
Mayor protagonismo de las provincias: Cada jurisdicción tendrá la facultad de definir qué áreas proteger, cuáles habilitar y aprobar los estudios ambientales correspondientes.
Reducción del rol del sistema científico: El Inventario Nacional de Glaciares pierde carácter vinculante y el control pasa principalmente a las autoridades provinciales.
Desde sectores de la oposición y organizaciones ambientales advierten que los cambios podrían debilitar la protección de glaciares y afectar reservas clave de agua dulce.
El cuestionamiento central apunta a la flexibilización de las restricciones y al traspaso de facultades a las provincias, lo que, según estos sectores, podría generar criterios dispares y reducir los estándares de control ambiental.
Fuente original: Ambito Financiero
