En una Argentina donde el crimen organizado ha mutado y utiliza a los más chicos como piezas descartables, la discusión sobre bajar la edad de imputabilidad a los 13 años ha dejado de ser un debate académico para convertirse en una realidad inevitable. Ante la gravedad de ciertos casos que conmueven al país, la medida se presenta hoy como una herramienta necesaria para que el sistema judicial no sea un espectador pasivo. Sin embargo, que hayamos llegado a este punto no es un logro del Gobierno: es la prueba más contundente de su fracaso en las políticas básicas de infancia.
Bajar la edad de imputabilidad es, en el fondo, un «manotazo de ahogado». Es la respuesta de un Estado que admite que no pudo -o no quiso- llegar antes con comida, educación o salud. Que la gestión actual presente el encierro de adolescentes como su gran bandera de seguridad es reconocer que ya no tiene otras herramientas para ofrecer. Es mucho más barato y sencillo proponer celdas que reconstruir un tejido social que hoy está en ruinas.
El fracaso de la gestión oficial se ve en el orden de sus prioridades. Estamos ante un Estado que aparece en la vida de un chico recién cuando comete un delito, pero que estuvo ausente en todos los pasos previos:
Abandono alimentario: Con una pobreza infantil que supera el 60%, el Gobierno Nacional ha gestionado la crisis entre escándalos por el acopio de alimentos y el desfinanciamiento de comedores.
Desmantelamiento de la protección: Se han recortado fondos en áreas clave de niñez y adolescencia, dejando a los sectores más vulnerables sin una red que los sostenga antes de que caigan en el mundo del narco o el delito.
La educación en pausa: El Estado prefiere discutir años de cárcel antes que soluciones para el altísimo porcentaje de chicos que abandonan la escuela secundaria.
Aunque la medida se sienta necesaria por el miedo legítimo de la sociedad, el Gobierno la utiliza para «legislar para la tribuna». Los datos nacionales muestran que el impacto de los menores en el total de los delitos es bajísimo. Vender esto como la solución definitiva a la inseguridad es engañar a la gente para tapar que, en materia de prevención y desarrollo, la gestión actual no tiene resultados para mostrar.
En definitiva, que hoy sea necesario encarcelar a chicos de 13 años es la firma de una derrota política. Un país que solo sabe ofrecerle una celda a su infancia es un país que ha renunciado a su futuro. No hay orgullo en esta medida; hay, simplemente, una triste aceptación de que el Estado llegó tarde y mal.
Fuente original: Que Pasa Salta
