El circuito que debería garantizar que un conductor profesional esté en condiciones físicas y psicológicas para manejar se convirtió, según la investigación, en una puerta abierta a irregularidades de gran escala. La emisión de certificados de aptitud psicofísica sin controles médicos efectivos encendió las alarmas y derivó en una causa que ya tiene una detenida y múltiples líneas de investigación en marcha.
La intervención de la Justicia se produjo a partir de la denuncia presentada por la Clínica Cruz Azul SRL, prestadora de estudios para licencias profesionales bajo la órbita de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Según lo expuesto, se habrían validado como aptas 3.477 personas sin que existiera constancia de atención médica real.
El punto de quiebre surgió durante un período de reemplazo interno. Mientras una empleada se encontraba de vacaciones, una supervisora advirtió irregularidades en la carga de prestaciones. En concreto, detectó la emisión de recibos por servicios no realizados y la carga de certificados en el sistema oficial REPRE que no coincidían con atenciones registradas en la clínica.
A partir de ese hallazgo, se solicitó a la ANSV un informe detallado de los aptos emitidos durante 2025 y se modificaron las claves de acceso al sistema. El cruce entre el sistema interno GoMedisys y el REPRE confirmó las sospechas: miles de certificados no tenían respaldo en estudios médicos reales.
La investigación, encabezada por la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, avanzó sobre distintos frentes. Personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) analizó los sistemas informáticos, cruzó bases de datos y reconstruyó la operatoria.
Según los elementos reunidos, la maniobra consistía en la carga de certificados de aptitud psicofísica sin evaluación médica y la generación de comprobantes por prestaciones inexistentes. Todo esto habría sido ejecutado desde usuarios vinculados a una empleada administrativa.
Incluso después de su renuncia, presentada el 12 de diciembre, se detectaron nuevas irregularidades: el 22 de diciembre se cargaron seis aptos más desde otro usuario, lo que refuerza la hipótesis de un esquema más amplio.
Uno de los puntos clave de la causa es el análisis financiero. A través de requerimientos a entidades bancarias y plataformas digitales, se detectó una desproporción significativa entre los ingresos declarados por la sospechosa y los movimientos en sus cuentas.
La pericia contable reveló un flujo constante de transferencias de terceros, muchas de ellas coincidentes con personas incluidas en los listados de la clínica. Para los investigadores, este patrón sugiere el cobro de dinero por fuera del circuito formal, a cambio de la validación de aptos médicos.
Además, se identificó la posible participación de otras dos personas, lo que abre la puerta a nuevas imputaciones en el avance de la causa.
Con los elementos reunidos, la fiscal solicitó medidas al Juzgado de Garantías 8, que autorizó allanamientos en tres domicilios ubicados en el macrocentro y en el barrio Pereyra Rosas.
Durante los procedimientos, personal del CIF secuestró documentación relevante para la investigación y concretó la detención de una mujer, quien fue trasladada a la Alcaidía General de Salta.
La emisión irregular de aptos psicofísicos implica que personas sin evaluación médica adecuada podrían haber accedido a licencias para conducir vehículos de gran porte o transporte de pasajeros, lo que introduce un factor de riesgo en la seguridad vial.
Mientras la investigación continúa, la Justicia busca determinar el alcance total de la maniobra, identificar a todos los involucrados y establecer si hubo más beneficiarios dentro de este esquema que, por su magnitud, ya se posiciona como uno de los casos más relevantes en materia de delitos económicos vinculados al sistema de licencias de conducir en la provincia.
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Fuente original: El Tribuno
