Como pasa en la Argentina y en muchos órdenes de la vida, hay grupos que están esperando cualquier idea, cualquier circunstancia para salir y declarar «el mal, el caos, la hecatombe», esto con una soberbia, una seguridad basada en la nada en cuanto a información y tomando algunos temas que son verdades, pero que no tienen ninguna implicancia en lo que se lo que se está hablando, como por ejemplo decir que «el agua es vida». Todos estamos de acuerdo que el agua es vida, pero pareciera que, al decir eso, la actividad, cualquiera que se esté mirando, significaría que no va a haber más agua. Es decir que se da por implícito esa aseveración.
Con los glaciares pasa eso, se mezcla lo que es el glaciar en sí mismo y muchas veces la discusión de la ley de glaciares pasa por fotos del glaciar Perito Moreno en el Parque Nacional Los Glaciares, cuando lo que se está debatiendo no tiene absolutamente nada que ver con eso. En general se está hablando de ambientes periglaciares y glaciares en los cuales no se ve el hielo como tal, sino que son rocas en una matriz de agua en estado de congelación o simplemente rocas que hace algunos miles de años estuvieron mezcladas con hielo.
La ley no va contra los glaciares ni mucho menos sino simplemente le da una atribución a las provincias, que les corresponde según la Constitución Nacional (los recursos naturales son de las provincias). Que la ley plantee un inventario de humedales es positivo, está bueno saber dónde están todas esas fuentes de agua y también saber cuáles son más vitales que otras. Todo eso tiene que quedar establecido y desarrollado en los estudios de impacto ambiental que cualquier emprendimiento requiere. Es decir que el inventario es una información de base útil y necesaria, y los estudios de impacto vinculan ese inventario base con lo que pretende el proyecto y visualiza si la afectación parcial o total de un ambiente periglaciar o glaciar de escombro pueda tener afectación directa con alguna actividad humana o población humana aguas abajo.
En ese sentido opino que la ley de glaciares da credibilidad y se enmarca en una situación lógica de protección de los glaciares, pero que también la misma no sea un freno para el desarrollo en las áreas en donde la intervención sobre ambiente periglaciares no tiene un efecto directo sobre ecosistemas o agroecosistemas aguas abajo.
«Muchas veces no se discute el problema real, sino que se usa el discurso para frenar lo que hay detrás».
Creo que hay que sacarse la máscara y reconocer que muchas veces no importa tanto el glaciar o los bosques o los humedales, sino frenar el desarrollo o criticar al gobierno de turno cual fuera. Esa es la base y yo diría que lamentablemente gran parte de las leyes ambientales son leyes destinadas a frenar la producción más que a proteger el ambiente, que se dice que es que es la prioridad de quienes usan lo ambiental para posicionar conceptos o visiones ideológicas ajenas a la cuestión, en este caso, glaciares y periglaciares.
Se dice también que el cambio climático está afectando a los glaciares, lo cual es cierto; eso pasa en todo el mundo, pero también es cierto que poco podemos hacer los argentinos para frenar el cambio climático, siendo responsable de menos del uno por ciento de las emisiones globales. Lo que puede pasar en muchos casos es que, los glaciares que están en estas discusiones bizantinas van a desaparecer por efecto de un factor externo sobre el cual no tenemos injerencia, mientras nosotros reducimos la posibilidad de desarrollar un proyecto interesante que traiga recursos, empleos y estabilidad macroeconómica a este país a lo largo plazo.
En ese sentido, tener una ley de glaciares está bien, pero que la ley original requiere algunas modificaciones que están contempladas en este nuevo formato de ley, para hacerla más aplicable, más razonable y que atienda a dos premisas fundamentales: que los glaciares sigan cumpliendo la función importante que viene cumpliendo hasta ahora (y seguirán cumpliendo en el futuro) y que ello a su vez redunde en la posibilidad de desarrollar los proyectos que traigan los recursos y la oportunidades y necesidades de desarrollo que este país requiere.
Los glaciares, y sobre todo ambientes periglaciares en el noroeste de Argentina, tienen mucha menos entidad que los existentes en Cuyo y en Patagonia. De allí que la afectación de ambientes periglaciares en el noroeste de Argentina es un tema de menor cuantía, menor relevancia para la vida de las personas y sus actividades productivas.
En el caso concreto de la provincia de Jujuy, las únicas áreas con glaciares de escombros (no hay glaciares descubiertos), se encuentran en el nevado de Chañi, por encima de 4500 m o más. Sin embargo, son superficies muy pequeñas comparadas con la magnitud de la cuenca del río León, cuya alimentación está dada principalmente por precipitaciones de lluvia, granizo y nieve, varios órdenes de magnitud mayor que el que aportan los glaciares de escombros, que están en proceso de desaparición.
Algunos argumentan que la ley de glaciares permite frenar la contaminación que produciría la actividad minera en la cuenca alta de las montañas. La actividad minera y sus eventuales efectos están considerados en la ley general del ambiente y nada tienen que ver con la existencia o no de masas de hielo descubiertas, glaciares de escombros o simples suelos congelados parte o todo el año. Se está usando la ley de glaciares como mantel para cubrir otra intención, que es frenar y evitar analizar las problemáticas de fondo, los pros y los contras, que siempre conllevan los proyectos de desarrollo minero.
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Fuente original: El Tribuno
