La discusión por el futuro de los recursos naturales volvió a ocupar el centro de la escena política y dejó una señal clara desde el norte argentino. En una sesión extensa, cargada de tensiones y definiciones estratégicas, Salta votó de manera unificada a favor de la reforma de la Ley de Glaciares, consolidando un posicionamiento que articula intereses productivos, alineamientos políticos y una visión de desarrollo vinculada a la minería. El resultado fue contundente: 137 votos afirmativos, 111 negativos y tres abstenciones, tras casi diez horas de debate en la Cámara de Diputados.
La reforma modifica la Ley 26.639 al introducir un criterio que redefine la protección ambiental. Hasta ahora, el esquema contemplaba una cobertura amplia sobre glaciares y ambiente periglaciar. Con la nueva redacción, ese alcance se vuelve selectivo y queda sujeto a la “función hídrica comprobable”.
En términos concretos, esto implica que zonas previamente restringidas podrían habilitarse para actividades como la minería, siempre que se determine que no cumplen un rol clave en la regulación del agua. El cambio abre la puerta a inversiones en sectores estratégicos como el litio y el cobre, especialmente en provincias del norte.
En ese contexto, los siete diputados nacionales por Salta votaron a favor. Por La Libertad Avanza lo hicieron Emilia Bruno, Gabriela Flores, Julio Moreno y Carlos Zapata. A ellos se sumaron Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega, del espacio Innovación Federal, alineado con el gobernador Gustavo Sáenz.
La decisión no fue sorpresiva. Ya en instancias previas, la provincia había respaldado la necesidad de introducir “precisión técnica” para habilitar proyectos extractivos. Lo que sí quedó expuesto fue el voto sin disidencias, una señal política fuerte en un tema históricamente sensible.
Durante el debate, el diputado Pablo Outes fue uno de los encargados de defender la postura salteña. Su intervención se apoyó en tres ejes: federalismo, desarrollo económico y empleo.
Sostuvo que la reforma no implica una liberalización indiscriminada, sino una “devolución de facultades a las provincias” para decidir sobre sus recursos. En esa línea, remarcó que cada jurisdicción tiene potencialidades distintas y que Salta debe aprovechar su perfil minero.
También vinculó la actividad con la generación de empleo y oportunidades en zonas con altos índices de pobreza, incluyendo comunidades originarias. Y, frente a las críticas ambientales, planteó una postura intermedia: controlar y fiscalizar, pero no prohibir.
La votación dejó más que una reforma legal. Confirmó un esquema político donde el Gobierno nacional y los gobernadores de provincias mineras avanzan en una agenda común, orientada a destrabar inversiones y ampliar la explotación de recursos estratégicos.
En ese mapa, Salta se posicionó con claridad: alineamiento en favor de un modelo que apuesta a la minería como motor de desarrollo.
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Fuente original: El Tribuno
