La muerte del pequeño Tomás Sotero Alancay, de apenas 5 años, ocurrida el domingo por la noche en pleno centro de La Merced, no solo dejó una herida abierta en la comunidad: también terminó de detonar una crisis latente que hoy combina dolor y malestar social, fragilidad institucional y una creciente especulación política.
El hecho -en el que el niño perdió la vida bajo las ruedas de la camioneta del intendente Javier Wayar- se transformó en un punto de inflexión. No por sí solo, sino como catalizador de una acumulación de reclamos que desde hace tiempo golpean contra una gestión municipal percibida como ausente, errática y muy distante de los vecinos.
Sin embargo, y pese al clima de conmoción interna, la posibilidad de una intervención provincial comenzó a diluirse en las últimas horas. La razón es estrictamente legal: no existen, al menos por ahora, causales objetivas que habiliten una medida de ese calibre. A diferencia de antecedentes anteriores en el Valle de Lerma, como el caso de Campo Quijano, en La Merced no hay deudas estructurales, ni denuncias formales por corrupción, ni un Concejo Deliberante paralizado.
Ese contraste también se extiende a otros municipios intervenidos durante la actual gestión provincial -como Morillo, Salvador Mazza o Aguas Blancas- donde las decisiones se sustentaron en desvíos de fondos, denuncias de enriquecimiento ilícito y conflictos políticos de alta intensidad. Nada de eso, al menos en términos formales, aparece hoy en La Merced.
Pero la política no se mueve solo por lo jurídico. En ese terreno, la tragedia abre una ventana distinta: la eventual responsabilidad -directa o indirecta- del intendente en el hecho podría derivar en un proceso judicial y, en paralelo, en un juicio político dentro del Concejo Deliberante. Un escenario posible, sobre todo si se considera que, de los siete concejales, cinco pertenecen a la oposición.
«Vamos a rechazar el tratamiento sobre tablas, habida cuenta que hoy el proyecto está tomando estado parlamentario y corresponde que actúen los resortes constitucionales, como el Concejo Deliberante», sostuvo el diputado Germán Rallé, en representación del saencismo.
Pero lo que llama la atención, sin embargo, es la inacción del cuerpo legislativo local. Aun con mayoría opositora, el Concejo no logró hasta aquí canalizar institucionalmente los reclamos vecinales ni activar mecanismos de control político. Esa pasividad se interpreta en el propio pueblo como negligencia o, peor aún, como desinterés frente a una comunidad castiga.
En el plano judicial, Wayar salió a instalar una versión que lejos de despejar dudas, abre nuevos interrogantes: aseguró que la camioneta involucrada fue utilizada sin su consentimiento. La pregunta que sobrevuela es inevitable: ¿se trató efectivamente de un robo o de una estrategia defensiva para eludir responsabilidades civiles? La respuesta, por ahora, está en manos de la Justicia.
Mientras tanto, la política avanza por carriles paralelos. Las versiones sobre una eventual renuncia o una intervención -aunque hoy debilitadas- alimentan un escenario donde empiezan a tallar intereses de cara al calendario electoral. Viejas figuras de la política regional asoman en el horizonte, incomodando a los actuales intendentes del Valle de Lerma.
«Lo que se busca es que el caso se dilate y que Wayar no renuncie, porque a la vuelta de la esquina aparecen los opositores como si fueran ellos los que van a arreglar todo», deslizó una fuente política de la región, en una definición que deja al descubierto la trama de fondo.
La alternativa de una intervención total -que incluya tanto al Ejecutivo como al Legislativo- también circuló en ámbitos políticos, aunque sin respaldo concreto. Implicaría, además, un costo elevado para la Provincia, que sumaría así un cuarto municipio intervenido en la actual gestión.
Ese escenario terminó de enfriarse en las últimas horas, cuando la Cámara de Diputados de Salta rechazó tratar sobre tablas el proyecto que proponía intervenir La Merced. La iniciativa, impulsada por los propios legisladores del departamento y acelerada por el bloque de La Libertad Avanza, buscaba definiciones ante la urgencia del contexto, pero fue frenada por el oficialismo.
La señal política es clara: por ahora, la Provincia no avanzará. Pero el costo de esa decisión se mide en otro plano. Porque mientras las instituciones se repliegan en los tiempos formales, en La Merced crece un malestar social que ya no distingue responsabilidades jurídicas ni políticas.
En ese contexto, la figura de Wayar aparece cada vez más erosionada. Su reaparición mediática, marcada por titubeos y explicaciones poco consistentes, no hizo más que reforzar la percepción de una gestión desdibujada. Prometió retomar hoy sus funciones, aunque incluso dentro del municipio su presencia efectiva resulta tan incierta como su continuidad en el cargo.
La intervención se frenó. La crisis, en cambio, sigue abierta.
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Fuente original: El Tribuno
