El gobierno de Maximiliano Pullaro advirti\u00f3 que solo el viernes pasado registraron 65 incidencias en instituciones educativas. Cada despliegue tiene un costo cercano a los $6 millones.<\/p>\n\n\n\n
En las \u00faltimas semanas, aparecieron diversas amenazas en escuelas de Santa Fe y del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
El gobierno de Santa Fe anunci\u00f3 este lunes que les har\u00e1 pagar el costo de los operativos policiales a quienes realicen acciones intimidatorias en las escuelas, en que tuvo su hecho m\u00e1s grave a principios de mes, cuando un estudiante de la localidad de San Crist\u00f3bal mat\u00f3 a Ian Cabrera, de 13 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n
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Desde la administraci\u00f3n santafesina informaron que solo el viernes de la semana pasada se registraron 65 incidencias vinculadas a amenazas en escuelas en toda la provincia, lo que activa distintos protocolos de intervenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Recordaron, adem\u00e1s, que realizar pintadas, difundir mensajes intimidatorios o generar falsas alarmas constituye el delito de intimidaci\u00f3n p\u00fablica, previsto en el art\u00edculo 211 del C\u00f3digo Penal, con penas de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Al respecto, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se\u00f1al\u00f3 que cada operativo policial tiene un costo estimado de entre $ 5 y 6 millones. \u201cVamos a perseguir el cobro de esos costos a los responsables identificados en cada caso\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n
En esa t\u00f3nica, asegur\u00f3 que por instrucci\u00f3n del gobernador Maximiliano Pullaro, el Ministerio de Justicia y Seguridad avanzar\u00e1 -a trav\u00e9s de su \u00e1rea Legal y T\u00e9cnica y en coordinaci\u00f3n con la Fiscal\u00eda de Estado- en acciones judiciales para reclamar el resarcimiento econ\u00f3mico en aquellos casos donde se identifique a los responsables.<\/p>\n\n\n\n
\u201cHay consecuencias que no siempre se advierten al inicio, pero que luego son vividas tanto por los menores como por sus responsables legales\u201d, sostuvo Cococcioni.<\/p>\n\n\n\n
En paralelo, el Ministerio de Educaci\u00f3n, Jos\u00e9 Goity, convoc\u00f3 a toda la comunidad educativa a asumir un rol activo en la prevenci\u00f3n. Se inst\u00f3 a equipos directivos, docentes y centros de estudiantes a abordar esta problem\u00e1tica en las aulas e incorporarla como una falta grav\u00edsima dentro de los acuerdos de convivencia escolar.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, la cartera educativa pidi\u00f3 reforzar el di\u00e1logo en los hogares y alert\u00f3 sobre las consecuencias de estas conductas. Goity se\u00f1al\u00f3 que, tras lo ocurrido en la Escuela N\u00ba 40 Mariano Moreno de San Crist\u00f3bal, se detectaron nuevas amenazas asociadas a desaf\u00edos virales que \u201calteran el funcionamiento normal de las escuelas, generan angustia y tienen impacto en toda la sociedad\u201d.<\/p>\n\n\n\n
El ministro indic\u00f3 que durante la \u00faltima semana se trabaj\u00f3 en contacto permanente con las nueve regionales educativas para monitorear e intervenir en cada situaci\u00f3n. Adem\u00e1s, se enviaron comunicaciones a escuelas y familias con pautas de actuaci\u00f3n y advertencias sobre los riesgos que implican estos hechos.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEstas amenazas no son una broma: constituyen un delito tipificado en el C\u00f3digo Penal y tienen consecuencias no solo para quienes las realizan, sino tambi\u00e9n para sus familias\u201d, afirm\u00f3 Goity, quien convoc\u00f3 a construir una \u201calianza entre la escuela, las familias, la sociedad y el Estado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
En la misma l\u00ednea, destac\u00f3 la implementaci\u00f3n del Programa de Educaci\u00f3n Digital, orientado a promover un uso responsable, \u00e9tico y creativo de dispositivos y redes sociales. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 las rondas de convivencia, los espacios de escucha y las capacitaciones como herramientas para abordar estos fen\u00f3menos.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Cococcioni explic\u00f3 que desde el \u00e1rea de Seguridad se trabaja en dos planos: por un lado, el abordaje de la violencia en entornos digitales en coordinaci\u00f3n con el Ministerio de Seguridad de la Naci\u00f3n y el Ministerio P\u00fablico de la Acusaci\u00f3n (MPA); y por otro, la respuesta ante amenazas concretas mediante llamados o mensajes.<\/p>\n\n\n\n
En los casos con apariencia delictiva, se da intervenci\u00f3n al MPA y se realizan procedimientos que pueden incluir el secuestro de dispositivos u otros elementos. Cococcioni advirti\u00f3 que, aun cuando intervengan menores no punibles por edad, las actuaciones dejan antecedentes que pueden afectar a futuro, como la imposibilidad de obtener certificados de buena conducta o restricciones para viajar al exterior. Adem\u00e1s, los adultos responsables pueden ser sujetos de medidas judiciales.<\/p>\n\n\n\n