La Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n volvi\u00f3 a poner bajo la lupa el esquema impositivo de la provincia de Salta y, en dos fallos de fuerte impacto, declar\u00f3 inconstitucional un mecanismo que, en la pr\u00e1ctica, implicaba un trato desigual hacia empresas radicadas fuera del territorio provincial. El eje de la decisi\u00f3n es contundente: la provincia aplicaba un criterio que funcionaba como una \u201caduana interna\u201d, algo expresamente prohibido por la Constituci\u00f3n Nacional.<\/p>\n<\/p>\n
Las sentencias corresponden a las causas iniciadas por las firmas Panificadora Veneziana S.A. y Comercial Rossi S.A., ambas alcanzadas por el impuesto a las actividades econ\u00f3micas sin poder acceder a una exenci\u00f3n prevista en el C\u00f3digo Fiscal salte\u00f1o. El beneficio solo era otorgado a aquellas empresas que contaban con su planta industrial dentro de la provincia, lo que generaba una diferencia de trato en funci\u00f3n del lugar de radicaci\u00f3n.<\/p>\n
En ambos casos, las empresas cuestionaron que esta condici\u00f3n vulneraba principios constitucionales b\u00e1sicos, como la igualdad ante la ley y la libertad de comercio entre provincias. La Corte coincidi\u00f3 con ese planteo y determin\u00f3 que el r\u00e9gimen fiscal salte\u00f1o no solo generaba una discriminaci\u00f3n arbitraria, sino que adem\u00e1s alteraba la circulaci\u00f3n natural de bienes en el pa\u00eds.<\/p>\n
Seg\u00fan surge de los fallos, el art\u00edculo 174 inciso w del C\u00f3digo Fiscal provincial establec\u00eda una exenci\u00f3n impositiva para ciertas actividades industriales, pero condicionaba su aplicaci\u00f3n a que la producci\u00f3n se realizara dentro de Salta. Esto implicaba que empresas con operaciones en otras provincias, aun cuando desarrollaran actividades similares, quedaban excluidas del beneficio y deb\u00edan tributar una al\u00edcuota que, en algunos casos, alcanzaba el 3,6%.<\/p>\n
La Corte entendi\u00f3 que este criterio no era v\u00e1lido desde el punto de vista constitucional. En su an\u00e1lisis, sostuvo que la normativa generaba una discriminaci\u00f3n basada en la ubicaci\u00f3n geogr\u00e1fica de las plantas industriales, lo que lesionaba el principio de igualdad consagrado en el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n Nacional. Adem\u00e1s, advirti\u00f3 que la medida afectaba el comercio interprovincial, al introducir una barrera indirecta que favorec\u00eda a los productos locales en detrimento de los provenientes de otras jurisdicciones.<\/p>\n
Uno de los puntos m\u00e1s relevantes del fallo es la calificaci\u00f3n del sistema como una suerte de \u201caduana interior\u201d. El tribunal record\u00f3 que la Constituci\u00f3n proh\u00edbe expresamente este tipo de pr\u00e1cticas, que implican obst\u00e1culos al libre tr\u00e1nsito de bienes dentro del pa\u00eds. En ese sentido, remarc\u00f3 que ninguna provincia puede establecer mecanismos que, directa o indirectamente, restrinjan la competencia o alteren el equilibrio entre actores econ\u00f3micos de distintas regiones.<\/p>\n
En el caso de Panificadora Veneziana, la controversia se origin\u00f3 cuando la Direcci\u00f3n General de Rentas de Salta determin\u00f3 una deuda impositiva correspondiente a per\u00edodos de 2017 y aplic\u00f3 una multa del 60% sobre el impuesto omitido. La empresa hab\u00eda decidido aplicar la exenci\u00f3n, al considerar que la limitaci\u00f3n territorial era inconstitucional. La Corte finalmente le dio la raz\u00f3n y declar\u00f3 inv\u00e1lida tanto la norma como la pretensi\u00f3n fiscal de la provincia.<\/p>\n
Una situaci\u00f3n similar se dio con Comercial Rossi, que tambi\u00e9n fue objeto de un reclamo impositivo por no cumplir con el requisito de radicaci\u00f3n en Salta. En este caso, el tribunal reiter\u00f3 su criterio y volvi\u00f3 a se\u00f1alar que el esquema fiscal generaba una distorsi\u00f3n incompatible con el orden constitucional, al impedir condiciones equitativas de competencia.<\/p>\n
Aunque la normativa cuestionada fue posteriormente derogada por la ley provincial 8064, la Corte aclar\u00f3 que esto no dejaba sin efecto los conflictos generados durante su vigencia. En consecuencia, los fallos mantienen plena relevancia para los per\u00edodos anteriores y podr\u00edan tener impacto en otros casos similares, especialmente en reclamos vinculados a impuestos ya abonados o discutidos judicialmente.<\/p>\n
El pronunciamiento del m\u00e1ximo tribunal no solo resuelve situaciones puntuales, sino que tambi\u00e9n fija un criterio claro sobre los l\u00edmites de las pol\u00edticas fiscales provinciales. Si bien las provincias tienen autonom\u00eda para establecer tributos y dise\u00f1ar incentivos econ\u00f3micos, esas decisiones no pueden contradecir principios constitucionales ni afectar el funcionamiento del mercado interno.<\/p>\n
En este contexto, el fallo contra Salta marca un precedente significativo en materia tributaria y comercial. La advertencia sobre la existencia de pr\u00e1cticas equiparables a una \u201caduana interna\u201d refuerza la idea de que el federalismo fiscal tiene l\u00edmites definidos y que cualquier distorsi\u00f3n en ese equilibrio puede ser objeto de revisi\u00f3n judicial.<\/p>\n
La decisi\u00f3n se apoya en una l\u00ednea jurisprudencial iniciada en 2017 con el caso \u00abBayer S.A.\u00bb.\u00a0All\u00ed, la Corte ya hab\u00eda advertido que aplicar al\u00edcuotas diferenciales en el impuesto sobre los Ingresos Brutos seg\u00fan el lugar de producci\u00f3n constitu\u00eda una discriminaci\u00f3n inconstitucional.<\/p>\n
Ese precedente abri\u00f3 la puerta a una ola de reclamos empresariales que ahora encuentran respaldo en estas nuevas resoluciones.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
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