La muerte del peque\u00f1o Tom\u00e1s Sotero Alancay, de apenas 5 a\u00f1os, ocurrida el domingo por la noche en pleno centro de La Merced, no solo dej\u00f3 una herida abierta en la comunidad: tambi\u00e9n termin\u00f3 de detonar una crisis latente que hoy combina dolor y malestar social, fragilidad institucional y una creciente especulaci\u00f3n pol\u00edtica.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
El hecho -en el que el ni\u00f1o perdi\u00f3 la vida bajo las ruedas de la camioneta del intendente Javier Wayar- se transform\u00f3 en un punto de inflexi\u00f3n. No por s\u00ed solo, sino como catalizador de una acumulaci\u00f3n de reclamos que desde hace tiempo golpean contra una gesti\u00f3n municipal percibida como ausente, err\u00e1tica y muy distante de los vecinos.<\/p>\n
Sin embargo, y pese al clima de conmoci\u00f3n interna, la posibilidad de una intervenci\u00f3n provincial comenz\u00f3 a diluirse en las \u00faltimas horas. La raz\u00f3n es estrictamente legal: no existen, al menos por ahora, causales objetivas que habiliten una medida de ese calibre. A diferencia de antecedentes anteriores en el Valle de Lerma, como el caso de Campo Quijano, en La Merced no hay deudas estructurales, ni denuncias formales por corrupci\u00f3n, ni un Concejo Deliberante paralizado.<\/p>\n
Ese contraste tambi\u00e9n se extiende a otros municipios intervenidos durante la actual gesti\u00f3n provincial -como Morillo, Salvador Mazza o Aguas Blancas- donde las decisiones se sustentaron en desv\u00edos de fondos, denuncias de enriquecimiento il\u00edcito y conflictos pol\u00edticos de alta intensidad. Nada de eso, al menos en t\u00e9rminos formales, aparece hoy en La Merced.<\/p>\n
Pero la pol\u00edtica no se mueve solo por lo jur\u00eddico. En ese terreno, la tragedia abre una ventana distinta: la eventual responsabilidad -directa o indirecta- del intendente en el hecho podr\u00eda derivar en un proceso judicial y, en paralelo, en un juicio pol\u00edtico dentro del Concejo Deliberante. Un escenario posible, sobre todo si se considera que, de los siete concejales, cinco pertenecen a la oposici\u00f3n.<\/p>\n
\u00abVamos a rechazar el tratamiento sobre tablas, habida cuenta que hoy el proyecto est\u00e1 tomando estado parlamentario y corresponde que act\u00faen los resortes constitucionales, como el Concejo Deliberante\u00bb, sostuvo el diputado Germ\u00e1n Rall\u00e9, en representaci\u00f3n del saencismo.<\/p>\n
Pero lo que llama la atenci\u00f3n, sin embargo, es la inacci\u00f3n del cuerpo legislativo local. Aun con mayor\u00eda opositora, el Concejo no logr\u00f3 hasta aqu\u00ed canalizar institucionalmente los reclamos vecinales ni activar mecanismos de control pol\u00edtico. Esa pasividad se interpreta en el propio pueblo como negligencia o, peor a\u00fan, como desinter\u00e9s frente a una comunidad castiga.<\/p>\n
En el plano judicial, Wayar sali\u00f3 a instalar una versi\u00f3n que lejos de despejar dudas, abre nuevos interrogantes: asegur\u00f3 que la camioneta involucrada fue utilizada sin su consentimiento. La pregunta que sobrevuela es inevitable: \u00bfse trat\u00f3 efectivamente de un robo o de una estrategia defensiva para eludir responsabilidades civiles? La respuesta, por ahora, est\u00e1 en manos de la Justicia.<\/p>\n
Mientras tanto, la pol\u00edtica avanza por carriles paralelos. Las versiones sobre una eventual renuncia o una intervenci\u00f3n -aunque hoy debilitadas- alimentan un escenario donde empiezan a tallar intereses de cara al calendario electoral. Viejas figuras de la pol\u00edtica regional asoman en el horizonte, incomodando a los actuales intendentes del Valle de Lerma.<\/p>\n
\u00abLo que se busca es que el caso se dilate y que Wayar no renuncie, porque a la vuelta de la esquina aparecen los opositores como si fueran ellos los que van a arreglar todo\u00bb, desliz\u00f3 una fuente pol\u00edtica de la regi\u00f3n, en una definici\u00f3n que deja al descubierto la trama de fondo.<\/p>\n
La alternativa de una intervenci\u00f3n total -que incluya tanto al Ejecutivo como al Legislativo- tambi\u00e9n circul\u00f3 en \u00e1mbitos pol\u00edticos, aunque sin respaldo concreto. Implicar\u00eda, adem\u00e1s, un costo elevado para la Provincia, que sumar\u00eda as\u00ed un cuarto municipio intervenido en la actual gesti\u00f3n.<\/p>\n
Ese escenario termin\u00f3 de enfriarse en las \u00faltimas horas, cuando la C\u00e1mara de Diputados de Salta rechaz\u00f3 tratar sobre tablas el proyecto que propon\u00eda intervenir La Merced. La iniciativa, impulsada por los propios legisladores del departamento y acelerada por el bloque de La Libertad Avanza, buscaba definiciones ante la urgencia del contexto, pero fue frenada por el oficialismo.<\/p>\n
La se\u00f1al pol\u00edtica es clara: por ahora, la Provincia no avanzar\u00e1. Pero el costo de esa decisi\u00f3n se mide en otro plano. Porque mientras las instituciones se repliegan en los tiempos formales, en La Merced crece un malestar social que ya no distingue responsabilidades jur\u00eddicas ni pol\u00edticas.<\/p>\n
En ese contexto, la figura de Wayar aparece cada vez m\u00e1s erosionada. Su reaparici\u00f3n medi\u00e1tica, marcada por titubeos y explicaciones poco consistentes, no hizo m\u00e1s que reforzar la percepci\u00f3n de una gesti\u00f3n desdibujada. Prometi\u00f3 retomar hoy sus funciones, aunque incluso dentro del municipio su presencia efectiva resulta tan incierta como su continuidad en el cargo.<\/p>\n
La intervenci\u00f3n se fren\u00f3. La crisis, en cambio, sigue abierta.<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n<\/p>\n
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